Acompañada por representantes de organizaciones no guberna­mentales y periodistas, Nestora Salgado, senadora de Morena, demandó que se revise la situación jurídica de siete personas procesadas por estar implicadas en el secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace (Hugo Alberto), ya que –dijo– fueron torturadas bajo la supervisión de la propia dirigente de la organización Alto al ­Secuestro.

Salgado sostuvo en conferencia de prensa que ella misma fue víctima de Miranda de Wallace, quien ordenó que fuera golpeada y sometida a tortura sicológica, cuando estuvo encarcelada, para tratar de obligarla a que se declarara culpable de secuestro, en su desempeño como líder de las autodefensas, en Olinalá, Guerrero.

Estos casos los viví en carne propia, citó. Hizo notar que Isabel Miranda tuvo mucho poder en gobiernos pasados. Una persona que tuvo el poder de meterse a las prisiones, a las celdas, a torturar ella misma o a ordenar que las autoridades carcelarias nos ­torturaran.

En la conferencia participó Carlos León Miranda, quien se presentó como padre biológico del hijo de Miranda de Wallace y comentó que ella le pidió presentarse a dar una muestra de sangre, dentro de las pesquisas del plagio de Hugo Alberto Wallace Miranda, pero le pidió fingir que no podía firmar el documento sobre el examen de ADN.

Reconoció que estuvo ajeno al de­sarrollo de su hijo y de la vida de Isabel, pero ese día en que dio la muestra de sangre, pudo presenciar cómo daba incluso órdenes a las autoridades.

Salgado resaltó que el caso Wallace fue fabricado y por ello pedirá la libertad de las siete personas implicadas, que están desde hace años injustamente encarceladas.

La legisladora expuso que uno de sus ejes de trabajo es la lucha por la liberación de los presos políticos. Que quede claro, recalcó, no defiendo a secuestradores, sino a víctimas, a personas injustamente presas, cuyos procesos están completamente viciados, que llevan años en prisión, aunque sean ­inocentes.

Acompañaron a la senadora por Guerrero la periodista Guadalupe Lizárraga y el activista David Berte, quienes corroboraron la denuncia de la legisladora.