El concepto de Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado retrasó la aprobación del dictamen con proyecto de decreto, elaborado con la intención de imponer entre los funcionarios de todos los órdenes de gobierno (federal, estatales, municipales, organismos autónomos, el mismo Congreso e incluso universidades), un catálogo de restricciones y límites a sus funciones que abatan los índices de corrupción institucional.

Como se encuentra redactado el proyecto de dictamen –alertaron los diputados–, de aprobarse la ley en cuestión podría se sujeta de una controversia constitucional que frenaría su intención.

La discusión ayer se centró primero en el hecho de que el Congreso de la Unión, entre las atribuciones que le da el artículo 73 de la Constitución, tiene la de legislar en materia de austeridad; y si bien existen leyes federales, no se contempla –en México– ningún ordenamiento que tenga que ver con las leyes de Estado.

Así, mientras no exista en el país una reforma al referido ar-tículo 73, que otorgue potestad al Congreso de la Unión para emitir leyes de carácter general, no será posible su aplicación en todos los ámbitos de gobierno, como contempla el proyecto de dictamen. Y de no modificarse el entramado legal, la norma en cuestión será acotada a los terrenos de una ley de la administración pública federal, sin que tenga el alcance de una ley general.

Ayer se preveía que las comisiones dictaminadoras aprobarían en lo general el documento que elaboraron en conjunto, y después llevarlo al pleno de San Lázaro para dirimir sus diferencias en lo particular. Esa ruta crítica contemplaba que los grupos de trabajo se reunirían a las 18 horas en el Salón Verde para darle trámite.

El tiempo pasó, sin que hubiera acuerdo entre los diputados que integran las comisiones unidas. A la par se celebraba la sesión ordinaria en el pleno camaral. No obstante, entre los integrantes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto se denotaba el cansancio y el hartazgo porque a la mayoría no les informaban el retraso en el proceso de dictaminación.

Y es que, entre los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las dos comisiones, Patricia Terrazas Vaca (PAN) y Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), se dirimían las diferencias por el contenido del proyecto de dictamen. De ahí surge el enredo que tiene que ver con las atribuciones del Congreso federal para aprobar la Ley Federal de Austeridad Republicana y su aplicación general.

El tema fue abordado con sorna por el coordinador del PRI, René Juárez: “Entonces no estamos de acuerdo en que las cosas se hagan a partir de ocurrencias o de una visión sesgada eminentemente política o electorera, no. Tenemos que actuar con seriedad y por eso es que estamos discutiendo ahorita este ‘mamotreto’, pues, que le quieren llamar dictamen, que no es más que un compendio de buenas intenciones… Ahora bien, es muy sencillo, esto sí lo resuelve un memorándum, esto sí lo resuelve una circular. ¡Así que, bueno, estamos en el mundo al revés!”

Al cierre de la edición, las comisiones unidas consiguieron trabajar en el Salón Verde. Se contemplaba, dada la asistencia de morenistas, del PT y del PES, que el proyecto sería aprobado para que este martes sea sometido a votación en el pleno.