La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, y al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, debido al incumplimiento de una conciliación por la violación al derecho a un medio ambiente sano y la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional Cañón del Sumidero y sus alrededores, en agravio de habitantes del municipio de Chiapa de Corzo.

El organismo detectó que las autoridades no han desarrollado las acciones para la efectiva protección por los impactos ambientales negativos ocasionados por la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.

Señaló que aun cuando se encuentra dentro de los límites del Cañón del Sumidero, –declarado Área Natural Protegida (ANP) mediante decreto presidencial en 1980—, la empresa cuenta desde 1999 con licencia de funcionamiento expedida por la Semarnat, pese a que la legislación vigente prohíbe la realización de ciertas actividades productivas en la zona.

Descuido de 38 años

Además, después de 38 años de la expedición del mencionado decreto este parque nacional no cuenta con el Programa de Manejo establecido en la normatividad ambiental mexicana.

La CNDH encontró que la cal esparcida en el ambiente es factor importante en el desarrollo de diversos padecimientos entre los habitantes, como afecciones en vías respiratorias, y los vientos hacen que las partículas originadas por la operación de las canteras se depositen sobre la vegetación, alterando su crecimiento, volviéndola tóxica y ocasionando su muerte.

En la recomendación 12/2019, la CNDH solicitó a la titular de la Semarnat instruir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente imponga las medidas técnicas correctivas para evitar que continúe el daño ambiental.

Piden estudio toxicológico

Al gobernador de Chiapas se le pide, entre otras cosas, realizar un diagnóstico toxicológico de los riesgos y daños a la salud de la población del municipio de Chiapa de Corzo y dar la atención que las poblaciones humanas necesiten.