La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca, dijo como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con esas palabras, el 29 de octubre de 2018 y luego de cuatro días de consulta nacional donde 30 por ciento de los participantes consideró que se debía mantener la construcción del aeropuerto de Texcoco, el político resolvió parar la obra que en cuatro años duplicó su costo por el incremento en el tipo de cambio y que llevaba 21 por ciento de avance, de acuerdo con Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Desde marzo del año pasado lo dijo frente a empresarios: de ganar las elecciones, no habría aeropuerto en Texcoco, pues contaba con estudios en los que se asentaba que era viable cancelarlo y construir dos pistas en Santa Lucía con un costo de 40 mil millones de pesos.

El tema dominó la agenda de la mayor parte de 2018 e implicó que el empresariado, comandado por Carlos Slim, propusiera que se concesionara a la iniciativa privada, incluso una semana antes de que se decidiera que la obra insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto se suspendería sin alcanzar una tercera parte de su construcción.

Para octubre, la cancelación dejó de ser una advertencia de campaña, y un sistema aeroportuario se prometió para funcionar en tres años, a más tardar cuando acabe 2021. El sector empresarial protestó y las calificadoras desplegaron revisiones a la baja de los bonos del aeropuerto y de la deuda soberana. Estas últimas e instituciones financieras recortaron pronósticos de crecimiento apelando a la incertidumbre que sembró el parar la obra.

Pendiente también quedó el pago anticipado de los recursos recogidos en el mercado internacional y nacional. Pese a que AMLO ya había anunciado la cancelación de la obra, el contrato de los tenedores de la Fibra E no permitía detenerla sin un acuerdo previo. Hacienda negoció la compra anticipada de mil 800 millones de dólares, de un total de 6 mil millones de dólares en poder de los inversionistas internacionales. El resto de esa cantidad aún debe pagarse por medio de la tarifa de uso de aeropuerto en los próximos 20 años.

También se pagaron los 34 mil millones de pesos, más el interés acumulado a lo largo de un año, adquiridos con inversionistas mexicanos, entre ellos cuatro administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afore). No obstante, se mantiene una deuda de alrededor de 40 mil millones más en gastos no recuperables, de acuerdo con Jiménez Espriú.

Hasta ahora, lo que hay sobre la construcción en Santa Lucía es un plan maestro diseñado por Grupo Rioboó que daba un costo estimado ahora en 70 mil millones de pesos, monto que se elevó más de 10 por ciento una vez que una manifestación de impacto ambiental, elaborada por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que faltó de considerar el cerro de Paula.

Con el mismo plan elaborado por la firma de José María Rioboó, se adjudicó a la francesa Navblue el estudio aeroespacial, mismo que no se ha entregado.

Sin proyecto ejecutivo, sin estudios geológicos y aeronáuticos, el Presidente anunció el inicio de construcciones para hoy, 29 de abril. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes matizó: a falta de todos los estudios, se trata de un acto simbólico, la colocación de la primera piedra.

Más allá del empresariado, se mantienen las reticencias de los vecinos de la obra, que reclaman la falta de diálogo por parte de las autoridades. La escasez de agua es la primera demanda que se pide atender.