Toluca, Méx., En unas semanas el estado de México podría convertirse en la primera entidad del país donde se emita una segunda alerta por violencia de género, ahora por desapariciones de niñas y mujeres en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Toluca.

Estos siete municipios, junto con Tultitlán, Naucalpan, Tlalnepantla y Chalco, fueron incluidos en la primera alerta emitida en julio de 2015 por la alta cifra de feminicidios.

La semana anterior el gobierno del priísta Alfredo del Mazo entregó a las autoridades federales el último informe de un expediente abierto a mediados de 2018. Un grupo de expertos determinará en mayo si se emite la nueva alerta por desapariciones.

Desde 2018 organizaciones sociales y colectivos de protección a las mujeres, entre ellos I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia empezaron los trámites ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación para la emisión de una segunda alerta en el estado de México.

El 25 de julio del año pasado se entregó la solicitud de la segunda alerta para los municipios referidos, donde el delito de desaparición forzada se ha disparado en años recientes y las autoridades no han enfrentado el problema.

La solicitud señala que las medidas de la primera alerta no han sido aplicadas en forma adecuada y la violencia contra las mujeres ha aumentado. Además, en la alerta no se considera la desaparición de niñas y mujeres en el estado, existen altos niveles de impunidad y no ha habido políticas públicas para la atención de este fenómeno.

También menciona que el estado de México es la entidad con el mayor número de casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el país, con mil 790 casos registrados de 2012 a 2018. Sin embargo, datos entregados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para la integración de la solicitud de la segunda alerta refieren que de 2012 a agosto de 2018 sumaban 2 mil 363 mujeres no localizadas y que la mayoría son estudiantes (866). Asimismo, 16 por ciento son niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años y 31 por ciento tienen entre 15 y 17 años.

Las organizaciones también señalan que las estructuras institucionales son insuficientes para atender estos casos y las autoridades no están sensibilizadas sobre el problema, pues aún se pide a los familiares esperar 72 horas después de presentar las denuncias, con excusas como seguramente se fue con el novio, según se constató en una serie de entrevistas que realizó un grupo de trabajo formado para analizar la viabilidad de la segunda alerta por desapariciones.

Los colectivos feministas sostienen en su solicitud que la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparecidos carece de personal suficiente, al igual que las células de búsqueda en los municipios.

El grupo de trabajo identificó algunas necesidades urgentes en el estado, entre ellas trabajar en la prevención, la diligencia, la investigación y la sanción, así como en la atención a las víctimas, hasta la reparación integral del daño.

También hicieron una serie de recomendaciones al gobierno de Alfredo del Mazo. En el informe entregado la semana pasada la administración estatal detalla el avance en cada uno de los rubros señalados.

El fiscal estatal, Alejandro Gómez Sánchez, manifestó el viernes pasado que se debe emitir la segunda alerta si va a ofrecer más herramientas para prevenir, combatir y sancionar las desapariciones, pero de nada servirá si sólo es un instrumento político para señalar al estado.

Karina Bastida Sotelo, diputada local de Morena y presidenta de la comisión especial del Congreso local para combatir y erradicar la violencia relacionada con el género, sostuvo que para que una alerta tenga éxito se requiere de mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, de verdadera voluntad política, de capacitación a los servidores públicos y, sobre todo, de sensibilidad de las autoridades.