La justicia federal otorgó un amparo que tiene efectos generales para que el Estado mexicano brinde protección a menores migrantes que ingresan al país –acompañados o no–, y ordenó que a todos se les garantice protección especial para salvaguardar su integridad personal; compensar su condición de inmadurez e inexperiencia connatural a su menor desarrollo físico y emocional; y remediar la situación de vulnerabilidad en la que están.

Aboga ONG por niños

Lo anterior al resolver el amparo solicitado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, una organización civil que forma parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

En lo que se considera el establecimiento de un criterio novedoso, en su resolución el juzgado segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, señaló que las autoridades deben hacer extensivos estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes que viajan en las caravanas, al margen de que se encuentren acompañados o no.

Además, dada la vulnerabilidad intrínseca a la situación migratoria irregular de cualquier persona, menor o mayor de edad, no conllevaría necesariamente la mejoría de su situación particular porque los adultos que los acompañasen también estarían en una situación particularmente difícil no sólo por haber salido de su país y haber abandonado la mayoría de sus pertenencias, sino también por haber dejado atrás el apoyo (material y emocional) de su comunidad al incorporarse a las caravanas, por lo que no se actualizaría la justificación implícita para otorgar un trato menos protector a los menores acompañados.

▲ Un migrante centroamericano con sus hijas menores de edad espera la salida del tren en Arriaga, Chiapas, en un día de intensos operativos del Instituto Nacional de Migración en la zona.Foto Alfredo Domínguez

Lo anterior se resolvió como parte de un juicio de amparo presentado por los integrantes de una organización civil que denunció distintas omisiones relacionadas con la implementación de medidas de protección especial a favor de los infantes que ingresaron al país durante octubre y noviembre de 2018 en las caravanas migrantes, de parte de diversas autoridades que forman parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Urge plan institucional

En la resolución se ordena al Instituto Nacional de Migración (INM) y al coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que diseñen un plan institucional para obtener información sobre el número de menores de edad que viajan en las caravanas, sus condiciones y sus necesidades y la de reconocerlos como refugiados.

La autoridad judicial estableció un plazo de 20 días hábiles para que el INM elabore un plan que tiene como principio rector la generación de un proceso de evaluación inicial para obtener información objetiva sobre las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana a fin de poder implementar medidas adecuadas para satisfacer sus necesidades.

Asimismo solicitó que se recaben al menos, los siguientes datos: causas de migración; condiciones de tránsito; vínculos familiares; factores de riesgo en origen y tránsito; información de sus representantes legales; datos sobre su alojamiento; y situación jurídica, todo ello para brindar seguridad jurídica y personal a los niños, niñas y menores edad en esa condición de tránsito por el país.