El gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció que su antecesor ocultó información del incremento del costo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de 13.3 a 17 mil millones de dólares, para una primera fase, así como la ampliación del plazo de terminación de la obra de 2020 a finales de 2024.

De acuerdo con datos presentados ayer por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y algunos de la empresa Parsons, gerente del proyecto, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) incurrió en acciones ilegales y omisiones a los involucrados y al propio equipo de transición gubernamental.

Igualmente, se detectaron graves irregularidades, maniobras dolosas y posibles actos de corrupción en el proceso de construcción, por lo que dará vista del caso a la Secretaría de la Función Pública, en el contexto de 198 procedimientos fiscalizadores. El gobierno actual, advirtió, no será ni timorato ni omiso frente a ese proyecto amañado.

Los cambios no fueron consignados en el libro blanco (informe elaborado al término de cada sexenio).

La información de Parsons de 2016 se ocultó siempre, se archivó y se mintió sin recato. Por ello hemos afirmado reiteradamente que no sabían ni cuánto costaría el proyecto ni cuándo terminaría la obra; que se trataba de un elefante blanco, un pozo sin fondo, con un daño patrimonial que deberán evaluar las autoridades competentes, expuso.

La SHCP, agregó, debió suspender el proyecto dos o tres años antes de 2018, por las desviaciones de costos y del tiempo de ejecución, y el daño patrimonial habría sido menor. El NAIM nunca debió aprobarse y menos iniciarse, sentenció.

Precisó que de 692 contratos para el NAIM, 76 por ciento fueron por adjudicación directa, 13 por ciento por invitación y 11 a partir de licitación pública. De ese cúmulo, ante la cancelación definitiva, 578 están cerrados y pagados y quedan pendientes 114. De los costos de cancelación, unos 100 mil millones de pesos, ya se han erogado 60 mil.

En Palacio Nacional, el secretario presentó un informe de las razones por las que el gobierno de López Obrador ratificó la cancelación del nuevo aeropuerto.

En la relatoría de gastos mencionó, por instrucciones superiores, que incluso fueron contratados asesores políticos –como los ex funcionarios Alfredo del Mazo, ya fallecido, y Alfredo Elías Ayub– para controlar aspectos adversos y compensar a los gobiernos locales del Distrito Federal, Hidalgo y estado de México.

El eje de la exposición se refiere a una inversión exagerada, sin planeación, onerosa, en un país con alto nivel de pobreza, así como cambios en la proyección presupuestaria que pueden significar un daño patrimonial al Estado.

Muchos cambios, incluidos los fondeos, se hicieron sin autorización de la SHCP, incluida la inversión de recursos provenientes de financiamiento privado con garantías públicas.

Se emitió deuda por 6 mil millones de dólares en bonos, con vencimientos a 10 y 30 años y por 30 mil millones de pesos en certificados fiduciarios, conocidos como Fibra E, de todas formas insuficiente, ya que, agregó, el presupuesto se había elevado a 305 mil millones, por lo que dejaban a la siguiente administración con compromisos financieros y la necesidad de obtener 108 mil millones de pesos más.