El feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa afuera de Casa Jalisco a manos de su esposo, la mañana del jueves, motivó una condena generalizada de organizaciones feministas en la entidad y de Amnistía Internacional (AI), además del inicio de una investigación por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

Gaytán Ochoa contaba con dos órdenes de protección contra su esposo Irving Emmanuel Ramírez Barajas desde 2017, de quien se estaba divorciando, pero la perseguía en automóvil y la atropelló; al alcanzarla la mató a puñaladas.

Un escolta del fiscal general de Jalisco, Octavio Solís, quien estaba en la residencia reunido con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, abatió a Ramírez Barajas, aunque no pudo evitar la muerte de Vanesa, por la cual este viernes varias mujeres se manifestaron a las puertas de Casa Jalisco para exigir a las autoridades cumplir con los protocolos de protección como los que tenía la víctima. Con prendas femeninas hicieron un letrero sobre la banqueta y pegaron otro con letras en la puerta de residencia oficial del gobernador que decían: Vivas nos queremos.

En un comunicado, AI expresó su más enérgica condena por el asesinato de Gaytán Ochoa; dijo que una vez más queda de manifiesto la incapacidad del Estado para garantizar la vida de las mujeres.

Agregó: este feminicidio refleja claramente los alcances de la impunidad que priva en Jalisco, al grado de que el asesinato se cometió a las puertas de la casa del gobernador, y recordó que México es la nación de América donde más mujeres son asesinadas.

El organismo internacional demandó al gobierno de Jalisco una investigación para sancionar la ineficacia de los funcionarios encargados de hacer cumplir las medidas de seguridad en favor de Gaytán Ochoa.

La CEDH abre pesquisa

La CEDHJ informó que se abrió la queja 2016/2016/CDQ para investigar las eventuales omisiones por parte de las autoridades involucradas en la protección de la víctima.

El gobernador Enrique Alfaro, en entrevistas y a través de redes sociales, dijo que el feminicidio contra Vanesa dejó de manifiesto el nivel de descomposición social por el que atraviesa el país.

En Sinaloa, Enrique Antonio P fue sentenciado a 45 años de prisión por feminicidio agravado en grado de parentesco por la muerte de una profesora jubilada el 6 de septiembre de 2017, a quien apuñaló cuando se encontraba con ella en un domicilio de la colonia Infonavit Playas, de Mazatlán.