Washington. Alrededor de 40 mil venezolanos han muerto desde agosto de 2017 como resultado de las sanciones ilegales de Estados Unidos, diseñadas para efectuar un cambio de gobierno en Venezuela, reveló este jueves un estudio elaborado por los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot.

Las sanciones estadunidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, llevar al cambio de régimen. Es una política infructuosa, cruel y fallida que causa graves daños al pueblo venezolano, indica el reporte, publicado por el Centro para la Investigación Económica y Política.

La investigación indica que las medidas estadunidenses han provocado la reducción de disponibilidad de alimentos y medicamentos, así como la disminución de la producción de petróleo a 431 mil barriles por día.

Señala que el reconocimiento de la administración de Donald Trump de un gobierno paralelo en Venezuela (encabezado por el líder opositor Juan Guaidó desde enero)creó un nuevo conjunto de sanciones que son devastadoras para la economía y la población.

Advierte que si las sanciones aplicadas desde principios de año continúan, resultarán casi seguramente en decenas de miles de muertes evitables. El estudio completo en este link: https://bit.ly/2vnTGIO

En tanto, Serguéi Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, afirmó que ve indicios de que Washington prepara una operación militar en territorio venezolano y lo acusó de desgarrar cínicamente a la nación petrolera como lo hizo con Libia y Siria.

La Casa Blanca no para de hablar del peligro de inmigración incontrolada y planea gastar miles de millones en la fortificación de la frontera con México, pero a la vez está instigando otro conflicto civil y provocando otra catástrofe humanitaria, prácticamente en su umbral, añadió Narishkin en la octava Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú.

Altos funcionarios estadunidenses, incluido Trump, han reiterado que todas las opciones están sobre la mesa, entre ellas una operación militar para deponer al presidente bolivariano Nicolás Maduro.

Pascualino Angiolillo, jefe del Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, quien participó en la conferencia, declaró a la agencia de noticias Sputnik que las fuerzas bolivarianas están preparadas para defenderse de cualquier intervención extranjera.

Horas más tarde, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, que una comitiva de su gobierno en Moscú incrementó, con autoridades rusas, la cooperación militar entre ambas naciones para la defensa del país sudamericano.

William Brownfield, ex embajador estadunidense en Caracas, aseguró a la que “la opción militar no es esencialmente 20 mil marines marchando a Miraflores. Hay un comando cyber y fragatas; estamos en el siglo XXI”.

En entrevista para TV Venezuela, Brownfield agregó, sin aportar pruebas, que Washington tiene una idea bastante clara de la ubicación de las bases del grupo armado Hezbolá en la república bolivariana.

En este contexto, el enviado de Estados Unidos para la nación sudemericana, Elliot Abrams, sostuvo que la embajada de Venezuela en Washington permanece ocupada por activistas de Code Pink (Código Rosa), y advirtió que está dispuesto a desalojarlos si lo dispone Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado.

Maduro cerró la embajada después de que Trump reconoció a Guaidó como presidente inerino. La mayoría de los diplomáticos en la sede regresaron a Caracas tras perder su estatuto de permanencia en Washington, pero los activistas la ocuparon para evitar que fuera invadida.

Abrams formuló sus amenazas en un acto en el Atlantic Council, en Washington, donde una activista de Code Pink interrumpió su discurso.