Con errores, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer una reforma a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra para ampliar en su régimen sancionatorio el catálogo de conductas e incumplimientos a disposiciones de la norma, como la obstrucción de las visitas de inspección ambiental, la realización de obras en suelo urbano sin presentar el informe preventivo ante la Secretaría de Medio Ambiente, la explotación de recursos en áreas naturales protegidas sin autorización y no utilizar equipos para el control de emisiones ni instalar sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otras.

El dictamen aprobado por unanimidad de los 50 legisladores presentes, establece, sin embargo, multas con base en la unidad de cuenta de la Ciudad de México (UCCDMX) vigente en 2015 y 2016, la cual fue sustituida el primero de febrero de 2017 por la unidad de medida y actualización (UMA), cuyo valor es fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y en este año es de 84.49 pesos.

La reforma constitucional de 2016 en materia de indexación del salario mínimo fijó plazo a las entidades de la República el 28 de enero del siguiente año para adoptar la UMA como referencia para determinar la cuantía de pagos de multas, infracciones y otras obligaciones, y un artículo transitorio en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de ese año dispuso que la aplicación de la UCCDMX en tanto sea publicada la unidad de medida y actualización para el ejercicio 2017, momento en el cual quedará abrogada la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México.

La pifia en que incurrió el Legislativo venía de origen en la iniciativa que presentó en octubre del año pasado el diputado priísta Miguel Ángel Salazar, e incluía otro error en uno de los artículos de la Ley Ambiental que proponía modificar, en el que se refería a las alcaldías como delegaciones, pero en el proceso de análisis quedó fuera.

En el dictamen, elaborado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Animal, que preside la diputada pevemista Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, no corrigió el error ni hizo uso de las facultades del órgano dictaminador para ampliar el alcance de la iniciativa a fin de armonizar la ley al nuevo régimen jurídico-político de la ciudad y sustituir las referencias hechas a Distrito Federal y delegaciones que se mantienen en la ley, pero tampoco abordó en el análisis observaciones que hizo la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial sobre la conveniencia de hacer una revisión integral del régimen sancionatorio respecto de conductas ya reguladas en otros ordenamientos, como las leyes de Aguas y de Residuos Sólidos, así como el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.