uscar un tribunal que dirima los asuntos más relevantes –que sea la última instancia judicial– no es nuevo en México: con Morelos y Pavón y en la etapa independiente, México tuvo una Suprema Corte. Durante el siglo XIX la Corte no fue un contrapeso real de los otros poderes de la Unión; incluso con Vallarta.

Apenas al final del siglo XX, la Suprema Corte empezó a salir de su letargo con la irrupción de los Derechos Humanos en la vida jurídica mexicana, y también porque dejó de ser un tribunal de mera legalidad y empezó a adentrarse en la interpretación constitucional directa y, así, en el enfrentamiento público con otros poderes federales y locales.

La Corte mexicana es un híbrido. Al inicio veía temas constitucionales y de legalidad: cuando México era menos democrático que hoy, los temas constitucionales eran pocos y soslayados para no enfrentarla con el poder presidencial. El Juicio de Amparo, sólo tenía efectos para el solicitante. De tal manera, su control constitucional estaba limitado.

La historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido una historia de silencios -no necesariamente de ociosidad- que ahora ya no está en las sombras. Ésta se ha enfrentado a los presidentes en turno, de forma cada vez más decidida. ¿Es deseable tener un poder, no electo directamente por la ciudadanía, controlando la constitucionalidad de los otros poderes? Es una de las grandes preguntas de las democracias occidentales. En EUA, la Suprema Corte, aprovechando un tecnicismo legal (el caso Marbury vs. Madison), se apropió del control judicial de la constitucionalidad sobre los otros poderes. Eso no pasó en México.

Eso debe definirse de manera natural, orgánica, del mismo devenir de la SCJN. Su lentitud desespera, pero una democracia necesita una judicatura independiente del poder político. Los juzgadores son el último bastión de la democracia. La propuesta de que vuelva a crecer en número de ministros, aduciendo una guerra abierta contra la corrupción, al proponer una Sala dedicada sólo a temas y juicios ligados a dicho combate, abre la puerta a una sobrerrepresentación política en el Tribunal Constitucional y que, por su tamaño, las sesiones del Pleno sean inoperantes, laboriosas, como eran antes de la reforma constitucional de 1994.

No conviene hacerlo. La Suprema Corte es una veinteañera que arrastra ya casi doscientos años de inoperancia real. Debemos dejarla ser, no ahogar su independencia, tan frágil y reciente, con una hipertrofia de ministros que en nada ayudarían.