La reforma laboral comenzará a dictaminarse hoy en el Senado en una reunión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social convocada por su presidente, Napoleón Gómez Urrutia, y en la que se analizará realizar cambios a la minuta.

Antes, el Partido Acción Nacional intentó sacar al dirigente del sindicato minero de la negociación con el argumento de que tiene conflicto de intereses.

En un escrito dirigido a la mesa directiva –que encabeza Martí Batres–, el coordinador panista, Mauricio Kuri, solicitó que se requiriera a Gómez Urrutia que acredite su renuncia a la ciudadanía canadiense y se abstenga de participar en la discusión y aprobación de las reformas a la legislación laboral y la aprobación del T-MEC por incurrir en los supuestos de interés personal y conflicto de interés.

Gómez Urrutia le respondió de inmediato que hace ocho meses, cuando se registró como senador, presentó la documentación probatoria de que es mexicano por nacimiento, incluido un certificado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Desde su escaño en tribuna recalcó que se trataba de un intento por frenar su lucha por los trabajadores y, sobre todo, la aprobación de la reforma laboral, pero no se va a detener. Expresó que no tiene nada que esconder, menos su tarea como dirigente sindical: No represento los intereses de los empresarios, como otros.

En entrevista posterior, detalló que citó a una reunión urgente de la Comisión del Trabajo, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, para dictaminar la minuta de reforma laboral. Precisó que se analiza la posibilidad de llevar a cabo cambios, aunque con la consideración de que urge aprobarla, ya que es una de las condiciones de Estados Unidos para ratificar el T-MEC.

Por separado, Carlos Aceves del Olmo, senador del Partido Revolucionario Institucional y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, aseveró que está de acuerdo en que se apruebe la reforma, pero adelantó que insistirá en que requiere cambios, entre ellos el referente a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, ya que se debe señalar con claridad el plazo para que el Poder Judicial asuma la resolución de conflictos obreros patronales.

Tan sólo en la Junta de Conciliación del Distrito Federal, de acuerdo con declaraciones que hizo su presidenta, se tardan cinco años en hacer el cambio y necesitan 9 mil millones de pesos. Entonces, es muy difícil que el gobierno vaya a desembolsar en los 32 estados cantidades multimillonarias, lamentó.