La probable emisión de una ley general para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas sería una herramienta que ayudaría a que las agresiones contra ambos gremios sean investigadas y sancionadas en los tres niveles de gobierno, y no sólo en el federal, como sucede actualmente, señalaron los promotores de la iniciativa.

En conferencia de prensa, Alejandro Cerezo, coordinador de la organización civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, resaltó que este martes se estableció un compromiso con la presidente de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo, para discutir en este periodo ordinario la iniciativa de ley general para prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos contra defensores de derechos humanos y periodistas.

El activista recordó que del 22 de noviembre del año pasado al lunes 22 de abril se realizaron unas ocho mesas de discusión para enriquecer la propuesta de ley general e imponer una serie de derechos de los gremios y delinear el tipo penal de nueve delitos que suelen cometerse contra sus integrantes, la nueva norma crearía una serie de mecanismos para obligar a los gobiernos estatales y municipales a prevenir las agresiones contra periodistas y defensores y a sancionar a los perpetradores, señaló.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red todos los derechos para todas y todos, coincidió en que tener una ley general –cuya iniciativa se presentaría el 30 de abril– ayudaría a que la obligación de proteger a los activistas y comunicadores no sea una labor exclusiva del gobierno Federal, sino que dicha protección se amplíe y tenga un carácter integral. Puesto que es en los estados y municipios donde la falta de protección de las autoridades es mayor, lo cual genera que los caciques locales ataquen y asesinen a quienes denuncian sus actividades, muchas de ellas ilícitas.