El PAN solicitó un amparo ante un juez en materia administrativa con la finalidad de dejar sin efectos el memorando presidencial que ordena cancelar la reforma educativa de 2013, debido a que es inconstitucional, viola garantías individuales e invade facultades de los poderes Legislativo y Judicial.

Con la instrucción de la Secretaría de Gobernación de gestionar la libertad para maestros que cometieron delitos, se pasa por encima de las órdenes de aprehensión dictadas por jueces, añadió.

Recordó que el pasado 16 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a los secretarios de Gobernación, de Hacienda y de Educación dejar sin efecto la reforma educativa al eliminar la evaluación, reinstalar a maestros que no pasaron la prueba y liberar a docentes que pudieron haber cometido algún delito y se encuentren presos.

En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió que las modificaciones al sistema educativo nacional se realicen bajo un marco jurídico legal, así como respetar la división de poderes. En un comunicado, el organismo cúpula emitió una postura tardía a pesar de que ha sido uno de los grandes defensores del modelo educativo que impulsó Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado.

El CCE instó al Congreso a seguir avanzando en el proceso de transformación educativa para consolidar un sistema de excelencia que tenga como prioridad a los niños, niñas y jóvenes, con el fin de que tengan mejores oportunidades de empleo.

Sin embargo, al referirse al memorando firmado por el Presidente, hizo un llamado para que las instituciones apegadas al marco jurídico resuelvan las diferencias generadas entre los distintos actores sociales.

Debe prevalecer el respeto a la legalidad como principio indispensable para una sociedad justa, reconociendo la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial, dijo.

Señaló que sólo por medio del diálogo abierto, propositivo y respetuoso se lograrán los consensos necesarios para alcanzar una legislación en materia educativa que beneficie a los niños y jóvenes.

Como parte de su argumentación, el PAN destacó que se incumplió el principio de legalidad en todo el memorando, ya que no existe un sólo artículo en la Constitución o en otra ley, que sustente el ordenamiento. Este es arbitrario, carente de motivación y fundamentación.

Resaltó que el artículo 16 de la Carta Magna señala que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, pues de lo contrario se trataría de arbitrariedades y de un abuso de poder.