Las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) planeadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya contaban con todo un marco constitucional y técnico, acuerdos entre los tres niveles de gobierno, donación de terrenos y estudios de factibilidad ambiental y social para comenzar a operar, aseguró ayer Gerardo Gutiérrez Candiani, ex titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE.

Al finalizar el sexenio anterior 11 empresas ya habían cumplido con los 42 trámites para instalarse en las ZEE y, en conjunto, invertirían 2 mil 800 millones de dólares que generarían 6 mil empleos. Había además una cartera con 95 proyectos empresariales con cartas de intención para invertir 8 mil 250 millones de dólares, pero la prospectiva de las ZEE para los siguientes 20 años ascendía a 42 mil millones de dólares y 360 mil empleos, aseguró.

El trabajo pesado para las ZEE ya se hizo durante más de dos años. Fue muy serio, intenso, sólido y transparente, basado en las mejores prácticas de las ZEE exitosas en el mundo, aseguró.

El gobierno actual, consideró, debe aprovechar todo ese andamiaje técnico y legal, y las ZEE pueden complementarse con los programas de infraestructura del corredor Transístimo, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, sobre todo porque coinciden en el objetivo de las ZEE de abatir la brecha económica del sureste con el norte y centro del país, junto con programas sociales para generar flujos de inversión y empleo bien remunerado.

Todos los programas son perfectibles y las ZEE se puede tropicalizar a la visión del nuevo gobierno federal, sobre todo por las inversiones que ya estaban en camino, expresó el también ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial.

Se exentaba a empresas del pago de contribuciones

Con las ZEE el gobierno federal se comprometía a exentar a las empresas del pago del impuesto sobre la renta (ISR) en 100 por ciento en los primeros 10 años y también del impuesto al valor agregado en las importaciones y exportaciones que realizaran, darles créditos fiscales en las cuotas obrero-patronales de 50 por ciento e incluso reducir 7.5 por ciento el pago de derechos por el uso de bienes de la Federación a los administradores, entre otros incentivos fiscales.

Frente a las críticas que eso generó, Gutiérrez Candiani puntualizó que se requerían condiciones disruptivas para atraer inversión al sureste y “demostramos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no le pegaban al erario o a las finanzas del país sencillamente porque era inversión nueva, la cual no existía.

El gobierno federal iba a ganar más con la generación de riqueza y empleos en las ZEE porque se pagaban contribuciones de otro tipo, como el ISR de los trabajadores, además del crecimiento y derrama económica que se generarían”, puntualizó Gutiérrez Candini.

Leticia Armenta, investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aseveró: Es una verdad a medias que el proyecto de las Zonas Económicas Especiales sólo era favorable para el sector privado.

Criticó que no se valore que son las empresas, no el gobierno, las que generan el empleo.

No seguir adelante con las ZEE representa una pérdida muy fuerte para el sureste, al que se pretendía dar independencia económica, aseguró, y puso en duda que eso pueda lograrse con el Tren Maya, el corredor Transístmico o la refinería de Dos Bocas, porque no aprueban las evaluaciones. Consideró que su alcance es mucho más limitado que las ZEE.