ás allá de los adeudos privados que cada uno de ellos registre, los mexicanos están endeudados hasta la coronilla gracias a los gobiernos federal, municipales y estatales. A la nueva administración pública los primeros heredaron un débito superior a 10.5 billones de pesos; los segundos, en forma conjunta, alrededor de 600 mil millones, y los terceros casi 50 mil millones, todos a cargo de los habitantes de este país.

Año tras año la elevadísima deuda se come buena parte de los ingresos presupuestales, pero el problema se acrecienta cuando se conoce que la mayoría de esos recursos se destina a cubrir los intereses del propio débito, lo que constituye un jugosísimo negocio para los acreedores y una interminable pesadilla para los pagadores.

Para dar una idea de qué se trata, las obligaciones financieras de los municipios por tipo de acreedor a diciembre de 2018 se distribuían de la siguiente manera: 47.2 por ciento de la deuda municipal corresponde a la banca privada; 45.4 a la banca de desarrollo (propiedad del Estado); 2.9 a emisiones bursátiles, y 4.5 por ciento se origina en otros conceptos, como los fideicomisos.

Como se ha comentado en este espacio, la mayor información sobre este tema –con actualizaciones regulares– corresponde a la deuda pública federal, y en un segundo plano a la estatal. Lo que deja muchas dudas y lagunas informativas es el débito correspondiente a los municipios, la mayoría de los cuales de por sí no brillan por su abundancia.

En este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) recién dio a conocer que el saldo de la deuda municipal en la última década registró (con información al cierre de 2018) un aumento de 25 mil 669 millones de pesos, al pasar, en números cerrados, de casi 23 mil millones en el cuarto trimestre de 2008 a cerca de 49 mil millones en el mismo lapso de 2018, de tal suerte que en ese periodo la tasa de crecimiento del saldo de las obligaciones financieras municipales fue cercano a 40 por ciento en términos reales (descontada la inflación).

Sin embargo, dicho monto puede ser sustancialmente mayor, toda vez que 67.5 por ciento de los casi 2 mil 500 municipios del país no tienen inscritas sus obligaciones financieras en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda, que contabiliza el monto y da seguimiento al comportamiento de la deuda, de tal suerte que existe un enorme hoyo informativo al respecto.

Para la mayoría de los municipios el costo del servicio de la deuda sobrepasa, por mucho, su capacidad de pago, por lo que, para no caer en suspensión, se endeudan más y dejan para mucho después las obras, mejoras y servicios que están obligados a brindar a sus respectivos habitantes.

El CEFP detalla que 266 de los 796 municipios que sí están inscritos en el citado registro no pueden ser evaluados, porque no entregan información a la Secretaría de Hacienda, o de plano resulta insuficiente. De los 530 municipios que sí pudieron ser evaluados, ninguno presenta un débito elevado, aunque 11 por ciento de ellos presenta un nivel de endeudamiento en observación.

Entre ellos destacan: Ensenada, Baja California; Juárez, Chihuahua; Chapala y Tonalá, en Jalisco; Cuautla, Morelos; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Acatlán de Osorio, Acatzingo, Amozoc y San Salvador el Seco, en Puebla; Cozumel y Othón P. Blanco, en Quintana Roo; Empalme, Hermosillo y Nogales, en Sonora; Manlio Fabio Altamirano y Tantoyuca, en Veracruz. El problema está en que se desconoce la situación de alrededor de mil 700 municipios.

Las rebanadas del pastel

Con la reforma energética se prometió que la apertura del sector energético al capital privado, especialmente foráneo, permitiría precios más atractivos para los consumidores. Pero, ¡sorpresa!: a estas alturas los mexicanos pagan el precio más alto de la historia, y en ese contexto sobresalen dos trasnacionales: Shell y Chevron, que de la ley de gravedad no entienden ni les interesa.

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