a actividad científica, tecnológica y de innovación conforma una vertiente estratégica en las políticas de desarrollo de cualquier país. Sobre la base de tal convicción y ante los cambios institucionales en proceso, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha convocado a la comunidad científica a un debate plural y democrático a fin de fijar nuevos marcos jurídicos de gobernanza al respecto.
Un diagnóstico inicial nos muestra que la fragmentación institucional de la ciencia no ha sido el camino adecuado para vincular recursos públicos con problemas nacionales. Dicha fragmentación se expresa en:
La existencia de diversas instancias de consulta para la administración pública federal en la materia: el Consejo Consultivo de Ciencias, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el propio Conacyt.
En el caso específico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), la existencia de otros tantos órganos consultivos propios: el Consejo Consultivo Científico y el Consejo Consultivo Mixto, cuyas funciones podrían ser realizadas por el propio Conacyt o por los centros públicos de investigación, por ejemplo.
Entre 2013 y 2018, sin responder a ningún proyecto nacional de ciencia y tecnología identificable, este singular orden de gobernanza convalidó activamente o con su silencio el subsidio directo al sector privado por aproximadamente 30 mil millones de pesos, violentando incluso principios rectores del derecho económico mexicano.
Por su parte, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Fccyt), asociación civil que supuestamente agrupa a la comunidad científica y tecnológica nacional, integra en su directiva a cuatro agrupaciones industriales y empresariales: como Concamin, CNA, Coparmex y Canacintra, cuyas aportaciones a la ciencia pública y en beneficio para todos no son claras.
Este caótico cuadro institucional ha sido posible por una legislación laxa y permisiva que durante años ha facilitado la canalización de los escasos recursos presupuestales disponibles hacia fines privados corporativos alejados totalmente del verdadero interés nacional de los mexicanos.
La ciencia por México, la ciencia que el país requiere, exige que el Conacyt haga valer el interés nacional frente a las presiones económicas y a los intereses mezquinos de los grupos de poder en el sector, quienes no dudarán en disputar cada espacio de influencia y cada peso del presupuesto.
Una nueva política científica, como contrapartida, debe abordar los dos grandes campos que el nuevo Conacyt plantea: investigaciones de frontera, que en general tienen un perfil cosmopolita y registran aportes a la ciencia universal, así como la atención a los problemas nacionales prioritarios, relacionados particularmente con el ambiente, la salud, la alimentación, la educación, el desarrollo humano, la inseguridad, la desigualdad y la marginación.
Ante ello, debe ser bienvenida la propuesta de un diseño unitario, plural y democrático que permita coordinar en toda la República la política científica y tecnológica a través de la articulación de los esfuerzos de científicos, investigadores, académicos, técnicos, humanistas y empresarios en aras del interés nacional.
Asimismo, es motivo de reconocimiento la reivindicación de las humanidades como forma de revertir la mercantilización del quehacer científico y la tendencia al cientificismo
de los grupos más conservadores, pues la construcción de una política científica posneoliberal supondrá la humanización de la ciencia y la tecnología, dando lugar seguramente al apoyo de investigaciones orientadas a la denuncia social de la corrupción, la violencia institucional y la impunidad, el desarrollo comunitario, el rescate de la memoria histórica o el fortalecimiento de la soberanía nacional.
Por supuesto, para coordinar los esfuerzos en el ámbito de la política científica es necesario un marco jurídico que articule necesidades y capacidades locales y regionales en torno a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de alcance nacional, mismos que deberán contemplar las implicaciones socioambientales y sanitarias de sus propuestas, y contar con mecanismos de implementación y seguimiento donde participen los consejos locales de ciencia y tecnología, así como de participación ciudadana y apropiación social del conocimiento.
* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
