La reducción de 10 por ciento de las tarifas de publicidad a que accedieron la mayoría de los medios de información, a petición del gobierno federal, no suena a colusión ni a práctica anticompetitiva violatoria de la Ley Federal de Competencia Económica, consideró Javier Núñez, ex comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y actualmente académico e investigador de la UNAM e ITAM.

Otra cosa hubiera sido, dijo, si los medios se hubieran puesto de acuerdo y existiera intencionalidad para manipular o bajar sus tarifas 10 por ciento, aun cuando cada uno tiene precios diferentes por servicios similares, porque incurrirían en una práctica monopólica absoluta.

La Cofece define las prácticas monopólicas absolutas como los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.

La semana pasada, al presentar la estrategia de comunicación social del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, destacó que, con ayuda de la Secretaría de Hacienda y acorde con los planes de austeridad de la administración federal, se solicitó a los medios adaptarse a las nuevas condiciones y hacer un pequeño sacrificio modificando sus tarifas a la baja. Afortunadamente los medios, aquí queremos hacerlo público, todos casi sin excepción, han modificado sus tarifas y han reducido sus tarifas en materia de publicidad.

El promedio de reducción que se logró de dichas tarifas, precisó Ramírez, fue de alrededor de 10 por ciento, lo cual implica un ahorro de por lo menos 10 millones de pesos para el gobierno, y aunque señaló que se tienen 6 mil medios registrados ante Hacienda, no especificó si todos o cuántos accedieron a bajar sus tarifas.