Washington. Con sofás, bolsas para dormir y un candado en la entrada, activistas de la organización estadunidense Code Pink (Código Rosa) ocupan la embajada de Venezuela en esta capital para impedir la llegada de la delegación del líder parlamentario opositor Juan Guaidó después de que los últimos diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro perdieron su estatuto.

El edificio, de cuatro plantas, ubicado en el elegante barrio de Georgetown, permanece casi vacío y cerrado al público, después de que la mayoría de los diplomáticos dejaran el país tras perder su estatuto, cuando el gobierno del presidente Donald Trump se convirtió en uno de los primeros países, de los más de 50, en reconocer a Guaidó, quien se proclamó presidente encargado el pasado 23 de enero.

Los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros, por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se irán en los próximos días, después de que el 10 de abril pasado el organismo regional decidió con 18 votos a favor aceptar al enviado de Guaidó, Gustavo Tarre, como representante de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones presidenciales en la nación sudamericana.

La resolución de la OEA considera que el gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió un segundo mandato, carece de legitimidad y por tanto también los funcionarios nombrados por él.

La fecha límite para que la delegación de Maduro abandone el edificio es el 25 de abril, pero los activistas aseguran que no se moverán de allí. Su objetivo es evitar que “la oposición venezolana tome el edificio diplomático, que pertenece al gobierno electo”, y para ello organizaron una vigilia las 24 horas, los siete días de la semana para proteger la embajada.

Estoy aquí porque estoy furiosa, porque estamos viendo un golpe de Estado en cámara lenta. Durante mi vida he visto suficientes golpes e intervenciones militares estadunidenses y siempre terminan mal para la gente del país, dijo Medea Benjamin, militante de Code Pink, a la agencia de noticias Afp.

Los activistas, que cuentan con la anuencia del gobierno, organizan actos culturales y se turnan para permanecer en el edificio. Algunos vienen de otras ciudades.

Dentro de la embajada, los despachos parecen haber sido abandonados con premura. Aunque muchos de los discos duros de los ordenadores ya no están y los archiveros fueron vaciados, en los escritorios se acumulan pilas de pasaportes.

Benjamin, conocida por irrumpir en actos oficiales con gritos de consignas políticas, suele interrumpir las sesiones de la OEA sobre Venezuela al grito de: Hands off (Manos fuera), frase que ha repetido el presidente Maduro. No obstante, esta mujer siempre vestida de rosa, es crítica con el gobierno venezolano.

Los despachos de la representación están vacíos, pero decorados con retratos de Simón Bolívar, el fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013) y Maduro. En los sofás, hay sacos de dormir de los activistas. En uno de los muros cuelga un afiche con el logo de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, que quedó aislada de su matriz por las sanciones impuestas en Estados Unidos.

En otro orden, el conglomerado indio Reliance Industries negó este sábado en un comunicado estar involucrada en algún acuerdo de pagos en efectivo por suministro de petróleo a PDVSA mediante terceros, y dijo que no viola ninguna sanción de Estados Unidos.

La agencia de noticias Reuters, que cita documentos y fuentes anónimas, reportó el pasado jueves que Maduro está usando al gigante energético ruso Rosneft para canalizar el flujo de efectivo de las ventas de petróleo de Venezuela para evadir sanciones con las que Washington busca sacarlo del poder.

Según muestran los documentos, se les ha pedido a las principales compañías energéticas, como Reliance Industries, el mayor cliente que paga en efectivo a Pdvsa, que participen en el plan pagando a Rosneft por el petróleo venezolano.

Ante esta información, la petrolera rusa afirmó el viernes pasado es una mentira total que tiene por objetivo hacer una provocación contra Rosneft, por lo que tomará acciones legales.