Si bien en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la movilización estudiantil logró revertir en 1999 el cobro de colegiaturas y el aumento creciente de cuotas de inscripción para licenciatura y bachillerato, dicha política está vigente en el país. Y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Alumnos de Educación Superior (ENAES), ocho de cada 10 alumnos de universidades públicas estatales pagan cuotas.

En la década de los 90, las autoridades universitarias y los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo adoptaron el dogma promovido por organismos como el Banco Mundial (BM) que llamaban a trasladar el costo de la educación a sus beneficiarios directos. En su visión, esto aumentaría la equidad, ya que los usuarios de la educación superior son una minoría social y la mayoría de ellos son ricos, según el documento Educación y desigualdad del ingreso en México, elaborado por el BM en 1998.

En diciembre de ese año, el gobierno de Zedillo planteó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1999: el subsidio federal beneficia en gran proporción a la población con posibilidades para cubrir el costo de la educación. Por ello que se deben promover esquemas alternativos de financiamiento que permitan reorientar recursos hacia la población con mayores rezagos.

Inmediatamente, en febrero de 1999, Francisco Barnés de Castro, rector de la UNAM, dio a conocer el documento Sociedad solidaria, universidad responsable, en el que propuso reformar el Reglamento General de Pagos vigente, que databa de 1966 y que establecía una cuota de inscripción a bachillerato y licenciatura de 20 centavos.

Barnés buscó aumentar ese pago e instaurar colegiaturas y cuotas por servicios escolares, con un cobro diferenciado según la capacidad económica de los estudiantes.

Esta reforma, aprobada el 15 de marzo de 1999, y la negativa a discutirla con la comunidad estudiantil, desató el 20 de abril de ese año la huelga más larga de la historia de la universidad. En 10 meses de movilización estudiantil se abrogó el reglamento de cuotas, se suspendió el que establecía los pagos voluntarios, se regresó a las cuotas de 20 centavos, cayó el rector, entró la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria el 6 de febrero siguiente y fueron encarcelados cerca de un millar de estudiantes.

Sin embargo, lo conseguido en la UNAM no se repitió en otras instituciones de educación superior. Ejemplo de ello son la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad de Sonora (Unison), donde la política de cuotas opera a la fecha.

En la UANL, los alumnos mexicanos de licenciatura pagan 5 mil 410 pesos al inicio de su primer semestre por cuotas escolares, de primer ingreso, inscripción y un bono deportivo. A los extranjeros se les cobran 36 mil 370 pesos.

En la Unison, cuya Ley Orgánica fue reformada en 1991, los estudiantes pagan alrededor de 2 mil 744 pesos semestrales por inscripción y registro de materias, pero el costo puede aumentar a 4 mil 500 en algunas carreras y sube si se recur-san asignaturas.

En el portal de transparencia de la UANL se señala que de los 7 mil 858 millones de pesos de su presupuesto, 10.32 por ciento, 810 millones 862 mil pesos, son ingresos por venta de bienes y servicios.

El presupuesto de la Unison en 2019 es de 2 mil 624 millones 256 mil pesos. De ellos, 3.7 por ciento, es decir, 98 millones, corresponden a cuotas de inscripción, colegiaturas e ingresos por servi-cios escolares.

En la UNAM, el presupuesto de este año es de 44 mil 942 millones 499 mil pesos. Sólo 0.07 por ciento, es decir, 32 millones 995 mil pesos, son ingresos por inscripciones y colegiaturas, que corresponden a bachillerato, licenciatura y posgrado y otros programas académicos.