El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, sostuvo que el memorándum emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto la reforma educativa tiene plena validez jurídica, y estará vigente mientras nadie lo impugne y la Suprema Corte determine si es constitucional o no.

A través de su cuenta de Twitter y en entrevista posterior, el senador de Morena se refirió a la polémica suscitada por ese memorándum del Ejecutivo federal, en la que han intervenido partidos de oposición, académicos y a la que también se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Cada Poder del Estado decide usar los medios legales a su alcance. Nada es inconstitucional a priori. Quien tenga interés jurídico lo hace valer ante el órgano competente para declarar la inconstitucionalidad. Si no la hay, la decisión seguirá teniendo validez jurídica”, escribió en Twitter.

Explicó luego, en entrevista, que cada uno de los tres poderes de la nación toma sus decisiones de acuerdo con las atribuciones que la propia Constitución le otorga. Las reformas constitucionales sólo puede hacerlas el constituyente permanente, que es el conjunto de los órganos legislativos del país, y al gobierno le corresponden decisiones administrativas.

Cualquier contradicción que haya la resuelve el órgano supremo que es la Suprema Corte de Justicia, previa impugnación, recalcó.

El presidente del Senado se refirió a otros casos de decretos o instrucciones del Poder Ejecutivo, que han sido impugnadas o controvertidas en otros sexenios, y puso como ejemplo el de la Ley de Seguridad Interior, que muchos consideraban que vulneraba la Carta Magna, pero que estuvo en vigor hasta que no fue declarada inconstitucional.

Un ejemplo contrario, destacó el legislador morenista, es el de la Constitución de la Ciudad de México. “Se vinieron encima la PGR y otras instancias del gobierno federal, cuestionaron una gran cantidad de artículos, casi todo el contenido, pero la Suprema Corte finalmente dijo que sí era constitucional, lo que determinó su validez y vigencia.

El presidente del Senado resaltó que los decretos presidenciales para asignar recursos públicos a instituciones educativas nunca fueron impugnados, por lo tanto, mantuvieron eficacia y validez jurídica.

En el caso de las observaciones de la CNDH, consideró que ese órgano tiene que estudiar jurídicamente el caso, y si es que tiene competencia acudir ante el órgano que corresponda.

Una declaración, una frase, no anula un acto jurídico, insistió. En otras palabras, quien diga que el memorándum es inconstitucional, que acuda ante las instancias correspondientes a hacer valer su dicho.

El senador Batres señaló, asimismo, que el Congreso seguirá, entre tanto, con su trabajo, para llegar a un acuerdo en torno a la nueva Reforma Educativa. Incluso el memorándum está supeditado a ello.