El diputado de Morena en el Congreso capitalino, Efraín Morales Sánchez, presentará la próxima semana una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad en la que plantea revocar las concesiones otorgadas a particulares para el cobro de peaje en vialidades de la ciudad, en específico la Supervía Poniente y las autopistas urbanas norte y sur.

En su exposición de motivos, el legislador señala que la construcción de segundos niveles se hizo con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de las principales vías de acceso, pero al concesionarse a particulares se convirtieron en una opción privilegiada de desplazamiento al tener que pagar una cuota para transitar a través de éstas.

Explicó que la Supervía Poniente tiene una longitud de 7.5 kilómetros de la vía elevada Luis Cabrera a la entrada de los Puentes de los Poetas, concesionada en diciembre de 2009 a la empresa Controladora Vía Rápida Poetas Sociedad Anónima Promotora de Inversión, filial de la española Obrascón Huarte Lain (OHL).

La Autopista Urbana Norte tiene una extensión de 10 kilómetros del Toreo de Cuatro Caminos a San Antonio, otorgada a OHL Concesiones México el 11 de junio de 2010, mientras que la Autopista Urbana Sur empieza en San Jerónimo y concluye en Vaqueritos (Tepepan), operada por grupo IDEAL que obtuvo la concesión para su construcción en junio del 2010 y consta de casi 11 kilómetros.

Desde el inicio de la operación de las tres autopistas urbanas de cobro, el gobierno capitalino ha recibido una contraprestación de 66 millones 418 mil 972 pesos, según datos de la Oficialía Mayor, cifra que corresponde a 1 por ciento de los ingresos brutos por cobro de tarifa sin IVA, generados de la operación de cada una de las vías concesionadas, apuntó.

Advirtió que las concesiones se otorgaron con una vigencia de 30 años, lo que contraviene la Ley de Movilidad, que en su artículo 101 señala que las concesiones señalarán con precisión su tiempo de vigencia, el cual será lo suficiente para amortizar el importe de las inversiones que deban hacerse para la prestación del servicio, sin que pueda exceder de 20 años, que es el mismo plazo que estipulaba la anterior legislación de 2002.

En su propuesta, Morales plantea un agregado al artículo 7 de la ley para garantizar que la movilidad sea de manera gratuita a usuarios de automóvil particular sin que exista peaje alguno en las vialidades que se encuentren dentro de la Ciudad de México.

Esto se sustenta en que el Reglamento de Construcciones señala en su artículo 12 que los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones que la Administración otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de la vía pública o cualesquiera otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no crean ningún derecho real o posesorio y en ningún caso podrán otorgarse en perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito.