La administración pasada se distinguió por el uso de normas particulares de excepción en materia de desarrollo urbano, como los polígonos de actuación y transferencia de potencialidades, lo que generó violaciones al uso de suelo y una forma de crecimiento excluyente y desordenada.

Lo anterior se señala en el Programa de Desarrollo 2019-2024 que entregó al Congreso capitalino la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y que se refleja en la expulsión de la ciudad de 70 por ciento de las familias de nueva formación más pobres que demandan vivienda.

Sólo en 2018 más de 19 mil familias debieron decidir vivir fuera de la ciudad; unas 9 mil optaron por el hacinamiento, la renta e incluso compra en suelo de conservación, y poco más de 2 mil 500 accedieron a vivienda mediante créditos del Instituto de Vivienda. Únicamente unas 2 mil nuevas familias estuvieron en condiciones de comprar casa en el mercado formal.

La proyección de demanda de vivienda de familias en condiciones de pobreza que presenta el programa en su diagnóstico es de un promedio de 32 mil cada año entre 2019 y 2024, y de una media de 14 mil de los grupos de mayores ingresos.

El esquema de crecimiento de la ciudad en los últimos años, añade el documento, se ha basado, en muchos casos, en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos. La promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor.

Esa situación ha acelerado además la ocupación de suelo en zonas de riesgo y los asentamientos irregulares en áreas de conservación.

Advierte que el espacio urbano no puede estar al servicio del desarrollo inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo sin reconocer el derecho de los ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos.

El Programa de Gobierno plantea como objetivo general en este tema promover un desarrollo urbano incluyente que disminuya las grandes desigualdades, fomente la vivienda social y el espacio público.

Entre sus acciones propone abrir, junto con las alcaldías y el Congreso, foros de participación ciudadana para expedir la legislación en materia de planeación y desarrollo urbano, así como los programas de ordenamiento territorial; establecer un estudio único de impacto urbano, ambiental y social; que los pagos para mitigación de los desarrollos inmobiliarios se apliquen a la infraestructura urbana, la promoción de áreas verdes y el espacio público; la consulta pública vinculatoria con mecanismos de difusión y discusión vecinal para la autorización de las manifestaciones de construcción de alto impacto, así como la modernización del sistema de vivienda social para resolver la carencia de espacios habitacionales y eliminar el clientelismo político y el negocio.