Tijuana, BC., Milagros tiene apenas 15 años de edad, pero la vivacidad de sus ojos y el tono de sus palabras la hacen parecer mayor. No soy nadie, reflexiona en voz alta en la antesala de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC). Llegó hasta aquí para conseguir que alguien la escuche y el Ministerio Público acepte levantar una denuncia por tráfico de personas con su testimonio. Lo que sería mero trámite, para ella se convirtió en una misión casi imposible porque es una menor salvadoreña que viaja no acompañada y llegó a esta frontera en la primera caravana.

Está en la ciudad sin la compañía de un adulto –el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que en las caravanas unos 600 menores llegaron en condiciones similares a Tijuana–, y por esa razón en la agencia del Ministerio Público que se ubica en Alamar no aceptaron su denuncia y a la Procuraduría de la Defensa del Menor tampoco le interesó su testimonio.

Tema tabú

A su condición de menor de edad se suma que el caso pone los reflectores sobre un tema del que nadie quiere hablar en Tijuana: el tráfico y secuestro de personas que gravita sobre los centroamericanos de las caravanas y la corrupción policiaca a su alrededor.

Ella y el pastor Alberto Rivera Colón, del albergue Ágape, quieren denunciar la desaparición de dos adolescentes hondureñas –una de 14 años y otra de 17, esta última con un bebé– y el presunto secuestro de un joven de 21 años, quienes fueron convencidos por un pollero de abandonar el refugio. Los cruzaría a Estados Unidos por sumas que iban de mil 500 dólares a mil 500 pesos; esta última propuesta era para las mujeres que accedieran a tener relaciones sexuales con él.

El 25 de marzo, el guatemalteco Sebastián Nicolás –quien llegó a Ágape junto con 150 miembros de la caravana cuando les cerraron la bodega de la zona norte donde se alojaban– convenció a cinco personas del albergue de irse con él para que los cruzara: las dos adolescentes hondureñas, un joven de Guatemala y dos mujeres de entre 25 y 30 años, también de Honduras.

En lugar de eso, Sebastián Nicolás entregó a todo el grupo a unos mexicanos que los llevaron a una casa de seguridad en la que los tuvieron un día y una noche. Al día siguiente, golpearon y amarraron al joven de 21 años, quien reclamó a sus captores que los dejaran en libertad y éstos sacaron a las cuatro mujeres. Durante el traslado, mientras circulaban por una calle con mucho tráfico, las dos mayores de edad consiguieron bajar del vehículo.

Fueron ellas quienes llamaron al pastor responsable del albergue para comentarle lo que les había pasado. Una regresó a Honduras y la otra está aterrada y no quiere decir nada. Del joven nadie volvió a tener noticias y de una de las adolescentes saben que consiguió cruzar, pero no están seguros de que sea cierta esta versión. Pero la de 17 años y su bebé no aparecen.

El 27 de marzo, cuando se enteraron en el albergue de lo ocurrido con Sebastián Nicolás, otros hondureños y guatemaltecos comentaron que a ellos también había intentado convencerlos de irse. A mí y a mi amiga nos lo propuso; quiero denunciar que él se los llevó porque no quiero que nos sigan engañando con llevarnos a Estados Unidos. Saben que tenemos necesidad y así nos desaparecen, apunta.

Temerosos, muchos centroamericanos evitan tener algún acercamiento con autoridades mexicanas, pero la menor que está sentada en la sede de la CEDHBC asegura que está dispuesta a rendir su testimonio porque compartía espacio en el albergue con la joven que desapareció y desea que las autoridades la busquen. Quiere saber qué pasó con el bebé y el joven que quedó golpeado y amarrado en una casa de seguridad.

Corrupción policiaca

Al pastor Rivera también le llamó la atención que el día que Sebastián Nicolás volvió a aparecer por el albergue sin saber que lo habían delatado, llamó al 911 para denunciarlo, pero el policía municipal que se lo llevó lo presentó ante el juez con cargos de disturbios, pese a que presenció los reclamos y acusaciones contra él durante una discusión en Ágape. Cuando Rivera y quienes querían formular cargos contra él se presentaron ante el juez calificador, éste les notificó que lo dejó en libertad en menos de dos horas porque la policía nunca le informó que se le acusaba de tráfico y desaparición de personas.

Milagros no cuenta con un papá o una mamá que la represente legalmente. Ella no tiene personalidad jurídica por ser menor de edad. No soy nadie, a nadie le importa lo que yo pueda decir, lo que me pueda pasar. Al pastor no lo aceptan como tutor porque no tiene un documento oficial que lo acredite como tal.

El pastor Rivera y Milagros deambularon durante 15 días por Tijuana buscando que alguna autoridad los escuchara. Cuando tocaron la puerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta los condujo a la estatal; antes, el Ministerio Público los mandó a la Procuraduría del Menor. El Instituto Nacional de Migración (Inami) les recomendó que no atrajeran la mirada de los medios de comunicación porque Milagros podría ser deportada sin mayor trámite. Es el limbo jurídico en el que viven los menores no acompañados de la caravana.

El 15 de abril un agente del Ministerio Público se presentó en el albergue para levantar el testimonio de la joven y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) le notificó a la oficina del Inami en Baja California que admitió a trámite una solicitud de Milagros para que se le otorgue la condición de refugiada. Ella se muestra escéptica, ya una vez hizo ese trámite y la respuesta fue la negativa, acompañada de la deportación.

Tiene año y medio caminando entre San Salvador y Tijuana, primero sólo con su hermanita, que entonces tenía 11 años, después con la caravana. Quiero un sitio donde vivir con alguna seguridad, apunta la adolescente, quien huyó de la disputa que sostienen la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 por su barrio. Tuvo que salir de ahí el día que la escuela donde cursaba el equivalente a primero de secundaria quedó bajo el control del bando contrario al de la calle donde se ubica la que fue su casa.