Los operativos de control migratorio y las condiciones de detención que se están dando en Chiapas muestran la implementación de una política en la materia más violenta registrada en los años recientes en la frontera sur, aseguró el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.

Señaló también que las condiciones humanitarias en los campos de refugiados en Mapastepec son insostenibles, y que la ausencia del personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM) ha generado, en los hechos, la negación al derecho al asilo y a la protección internacional de los solicitantes.

En su más reciente actualización, el colectivo, formado por una decena de organizaciones como la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, entre otros, consideró indispensable el reconocimiento gubernamental de una crisis de refugiados y una emergencia humanitaria en Chiapas.

Ante la crisis humanitaria, instamos al gobierno federal a retomar el diálogo con el conjunto de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y abrirse a la construcción colectiva de una política migratoria y de refugio que proteja a las personas, pidió el colectivo, que ha seguido de cerca el éxodo centroamericano del año reciente.

Además, indicó que junto a la preocupante gestión de la crisis que actualmente ofrecen las autoridades, no se vislumbra una reorientación estructural de la política migratoria y de refugio que evite nuevas crisis inminentes, dado el sostenimiento del flujo que llega de personas desplazadas de manera forzada, y la posible organización de nuevas caravanas en el futuro inmediato.

El reporte advierte que la decisión del INM está agravando la situación de muchas personas que se ven obligadas a abandonar las ciudades, ya sea de Tapachula, Mapastepec, Huixtla o Huehuetán, y lanzarse a asumir todos los riesgos de la ruta.

De igual forma denunció que se ha intensificado el control migratorio en las rutas y ciudades, y la detención migratoria es cada vez más violenta, producto de operativos mixtos del INM y la Policía Federal. Incluso, el colectivo aseguró que el centro de detención de Tapachula, de tipo concentrador, se encuentra casi al 200 por ciento de hacinamiento, con mil 700 personas ingresadas, según el corte del pasado 11 de abril.

Otro factor preocupante, se señala en el reporte de actualización, es que estas acciones de control y detención migratorio, en los hechos, criminaliza a las personas migrantes y viola de manera sistemática sus derechos humanos, y junto con ellos, a las personas que acompañan a las caravanas.