Debido a las críticas que le formularon en redes sociales a la diputada panista Elsa Méndez Álvarez, por incitar a la discriminación contra grupos de diversidad sexual y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, un grupo de activistas fue citado a declarar por la Fiscalía General de Querétaro (FGQ), sin que hubiera realmente ningún delito qué perseguir.

En entrevista con La Jornada, Maricruz Ocampo Guerrero, integrante del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo, explicó que ella y algunos compañeros de otros colectivos han criticado públicamente a la mencionada legisladora por sus señalamientos discriminatorios en contra de grupos LGBTI o que defienden el derecho a la interrupción legal del embarazo.

El pasado 8 de abril, indicó, la FGQ le envió un citatorio para que se presentara en calidad de testigo el día 10 de ese mismo mes, sin explicarle cuál era el asunto por el cual se le convocaba.

Al acudir a la fiscalía, los funcionarios le indicaron que había una denuncia de Elsa Méndez contra quien resultara responsable de los comentarios en su contra, pues éstos interrumpían su labor legislativa.

Cuando Ocampo le preguntó al encargado de la diligencia si había sido acusada de algún delito, el servidor público admitió que no. Pese a ello, el citatorio se repitió en iguales términos con Luis Felipe Zamudio, defensor de las personas que viven con VIH, y Josefina Meza, activista contra la violencia de género.

Al no haber delito, lo ocurrido fue una manera de coartar nuestra libertad de expresión. La diputada Elsa Méndez está criminalizando a los defensores de derechos humanos, porque en una entrevista ella dijo que se siente en riesgo por las críticas que se han realizado.

Ocampo lamentó que la FGQ se niegue a actuar en casos de desaparición de mujeres, violencia de género y feminicidio, pero sí lo haga en un caso en donde ni siquiera hay un delito qué perseguir, únicamente por la presión de una legisladora que utiliza su cargo de forma indebida para amedrentar a sus críticos.

Hay una intención de la diputada de intimidar a los defensores de derechos humanos que hemos expresado una opinión contraria a la de ella, lo cual es especialmente riesgoso en un estado con niveles de violencia de género muy altos, pero invisibilizados por las autoridades locales, dijo.

Como medida de precaución, Ocampo presentó una queja el 10 de abril ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, en la que señala a Méndez como responsable del intento de coartar su libertad de expresión.