juzgar por el acelerado desarrollo de las tecnologías informáticas, es posible prever que llegará el día en que, como se ha hecho hasta ahora con la prueba de tamiz neonatal, a todo recién nacido en establecimientos sanitarios oficiales se le tomarán muestras para determinar su perfil genético, y esa información será archivada en grandes bancos de datos a fin de cotejarla cuando sea necesario, con la que sea recogida en la escena de un crimen o tomada de un cadáver, donde sea que éste yazca.

Es deseable que ese recurso nunca sea necesario, porque impere un elogiable nivel de seguridad pública, pero, de llegar ese día, ya no sería necesario invitar al público a acudir a determinados lugares a dejar muestras de ADN para compararlas con restos humanos recuperados o por rescatar.

Tampoco se darían situaciones como las registradas los pasados 6, 7 y 8 de abril, cuando la Fiscalía General del Estado y la organización Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos esperaban una cifra de personas que permitiera identificar al mayor número posible de 751 cuerpos que hoy yacen en los frigoríficos del Servicio Médico Forense, pero sólo llegaron 200, cifra que los organizadores consideraron muy reducida.

Ese día, ni el miedo, ni el hecho mismo de estar relacionado con actividades criminales, será obstáculo para determinar la identidad de la persona occisa.

Ya el gobierno federal dio un paso importante en ese sentido al poner en operación el Protocolo Alba, que incluye una cartilla de identidad digital de dominio privado con datos de identificación biométrica que podrá ser llenada de manera voluntaria por cada ciudadano.