Monterrey, NL, La despenalización del aborto y la eutanasia son temas que la sociedad debe abordar, pero el Congreso local no quiere tomar ese toro por los cuernos porque no acarrea votos, consideró Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Nuevo León.

La funcionaria, que se ha ganado la simpatía de la comunidad LGBTI y de organismos civiles por su respaldo al matrimonio igualitario, explicó a La Jornada que poner en la mesa de discusión temas controvertidos no es sencillo y puede traer consecuencias, pero éstas deben asumirse, en especial por los servidores públicos.

“Son temas que no hemos querido abordar; hemos estado pateando el bote (dándoles la vuelta), pues a lo mejor no acarrean votos y los diputados dejan que lo tome otra legislatura”, señaló Velasco Becerra vía telefónica.

La titular de la CEDH sabe de las consecuencias, pues el 10 de abril anterior un grupo de reciente creación llamado Familias Fuertes Unidas promovió un juicio político en su contra y solicitó al gobernador Jaime Rodríguez removerla del cargo.

El argumento fue que un día antes, la CEDH promovió un juicio de inconstitucionalidad contra las reformas al artículo uno de la Constitución estatal que reconoce la personalidad jurídica de la persona desde el momento de la concepción.

Los promoventes del juicio contra la titular de la CEDH son Juan Manuel Alvarado, Carolina Garza y Marcial Padilla, quienes la acusaron de querer arrebatar a los no nacidos el derecho a la vida.

Velasco Becerra, quien recibió el respaldo de organismos civiles, espera que no proceda la petición.

Estas personas acudieron un día después de que di el aviso de inconstitucionalidad, pidiendo que se me iniciara juicio político, pero yo espero que no proceda, no hay elementos. Yo cumplí con una facultad que está en el artículo 105 de la Constitución, explicó.

Consideró que no despenalizar el aborto en Nuevo León significa castigar a las mujeres que no cuentan con recursos económicos suficientes para viajar mil kilómetros a la Ciudad de México (CDMX) o 200 kilómetros a la frontera con Estados Unidos. “Las cifras de la Ley del ILE (interrupción legal del embarazo) revelan que desde abril de 2007 –cuando se hizo la reforma en CDMX– a febrero de este año, 122 mujeres de Nuevo León se han trasladdo a la capital del país a abortar.

“Pueden parecer pocas si hay más de 200 mil; no obstante, han viajado, y la Ciudad de México no está cerca de Monterrey, ésas son de las que se tienen registro y puedo asegurar que es más grande la cifra de las que van a Texas, porque está a dos horas.

Ahora, quienes no tienen la posibilidad de viajar lo hacen de forma clandestina ¿y cuántas son ahí? Pues no sabemos, porque como es un delito, las mujeres no van a revelar que lo hicieron y los hospitales tampoco; esa cifra es la que nos debe preocupar, es el número oscuro, y es ahí donde está en riesgo la vida de muchas mujeres, señaló.

Explicó que tiene confianza en que en el tema de la despenalización del aborto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a favor, “porque la Carta Magna local protege de manera absoluta la vida, lo cual no está en la Constitución federal y no podemos estar por encima de ella.

Ahorita esperamos la admisión; es decir, que la Corte diga que el recurso se presentó formalmente y la turne a un ministro. El proceso será un poco largo, lo sabemos, no sé cuánto tiempo, pero por ejemplo en Veracruz lleva más de un año y aún no se ha resuelto, precisó.

La modificación de la Constitución local hecha en marzo garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte natural y esto cierra también la puerta a la eutanasia, tema que está próximo en la agenda del gobierno federal y deberá debatirse en las entidades, manifestó la entrevistada.

“La CEDH considera que se violan varios derechos, como a la vida, que no puede ser absoluto como está planteado, porque está ligado a los derechos de las mujeres a la autonomía, autodeterminación, a decidir sobre el número de hijos, derechos sexuales, entre otros, pero éstos son los más relevantes. También en esta reforma se estaría limitando hablar de eutanasia y no se puso a debate, no se llamó ni a organismos de derechos humanos, civiles, médicos ni a especialistas para dar su opinión. La Corte decidirá si la reforma a la Constitución local fue apegada a la federal o no, concluyó Velasco Becerra.