Grupo Fármacos Especializados (GFE) y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimem), dos de las empresas vetadas el pasado martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador –junto con Farmacéuticos Maypo–, son mencionadas en estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los cuales se deja constancia de diversos fallos e irregularidades que habrían cometido.

Las tres compañías acapararon 62.4 por ciento de la venta de medicinas a dependencias tanto federales como estatales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que el actual titular del Ejecutivo ordenó que se les impidiera participar en las licitaciones de 2019 hasta que la Secretaría de la Función Pública investigue y resuelva si obtuvieron sus contratos gracias a actos de corrupción o influyentismo.

En el caso de Dimem, una auditoría de cumplimiento financiero practicada al gobierno del estado de Jalisco en la Cuenta Pública 2017 reveló que el organismo público Servicios de Salud de Jalisco (SSJ) le pagó a la citada empresa 23 mil 131 pesos por la adquisición de medicamentos y material de curación, pese a que un Tribunal Administrativo había ordenado que no se le asignara ese contrato. La SSJ no entregó evidencias de que la compra a Dimem asegurara las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento, ni acreditó la eficacia e imparcialidad en el uso de los recursos utilizados para pagarle a la farmacéutica, tomados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017.

Venden a Veracruz de forma directa

Por lo que se refiere a GFE, en una auditoría realizada en 2016 al gobierno de Veracruz –en la administración de Javier Duarte de Ochoa–, se documentó que Servicios de Salud estatal (Sesver) le adjudicó de forma directa un contrato por 250 mil 673 pesos, que formó parte de una serie de 10 convenios más firmados por esa misma vía con diversas empresas.

Aunque Sesver argumentó que dichos proveedores garantizaban mejor cotización y precio, no dio evidencias, por lo que no se justificaron las mejores condiciones en calidad, transparencia y tiempo de entrega para el estado.

En otro caso de GFE, se documenta en la indagatoria número 487 de la Auditoría Superior de la Federación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la Cuenta Pública del año 2000. En dicho estudio se reveló que la empresa había recibido un contrato por 64 mil 123 pesos, pero no entregó los medicamentos, por lo que se hizo acreedora a una sanción de 5 mil 27 pesos.

Por otra parte, en un estudio realizado en 2011 al IMSS se comprobó que GFE y otras farmacéuticas entregaron piezas solicitadas con un retraso de varios meses, pero el Órgano Interno de Control no notificó de los incumplimientos de los proveedores porque no tenía elementos para proceder ante tal situación, por lo que se decidió no sancionarlos.