Aunque las leyes reglamentarias de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional (GN) incluyen diversos filtros para normar la operación de dicho cuerpo, como la posibilidad de que sus elementos ignoren órdenes ilegales o limiten el uso de las armas de fuego, no hay garantías de que esas reglas vayan a aplicarse en la realidad, advirtieron organizaciones defensoras de las garantías individuales.

Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, subrayó que el problema en México nunca ha sido la falta de leyes o el mal diseño de éstas, sino su falta de cumplimiento en la vida cotidiana y la falta de castigo para quienes las violan o no las aplican.

En las fuerzas armadas, recordó, ya existen desde hace varios años diversos manuales y protocolos de derechos humanos y de uso racional de la fuerza, pero dichos elementos teóricos pocas veces son considerados y se llevan a la práctica, en gran medida porque las instituciones castrenses privilegian temas de capacitación y adiestramiento físico.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, resaltó que la única manera de hacer que las leyes reglamentarias de la GN se cumplan es investigar y sancionar a los uniformados que cometan abusos, así como evitar que en dicho cuerpo de seguridad se reclute a militares con antecedentes de violaciones de las garantías básicas.

En este país, ni unas buenas leyes ni la capacitación de Naciones Unidas nos asegurarán que no haya abusos. Sólo nos lo garantizará que los que se cometan, se investiguen, procesen y sancionen. Pero si el sistema de procuración de justicia sigue en manos de gente que propicia la impunidad, nos vamos a encontrar con una nueva generación de violaciones de derechos humanos, ahora cometidas por la GN, alertó.