El nombramiento de militares especializados en la lucha contra el narcotráfico como directivos de la Guardia Nacional (GN) hace temer que en ese nuevo cuerpo de seguridad se apliquen los mismos enfoques y estrategias que ya han demostrado su ineficiencia en gobiernos anteriores y que generaron graves violaciones de derechos humanos, señalaron organizaciones de la sociedad civil.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, alertó que aunque los altos mandos de la GN puedan estar muy bien capacitados para realizar operativos contra grupos de narcotraficantes, las labores de prevención y persecución de delitos del fuero civil que tendrán que coordinar son de naturaleza muy diferente.

“Los expertos en materia de guerra contra el narco establecen estrategias de combate frontal a un enemigo, cuando en seguridad pública o seguridad ciudadana ni siquiera hay un ‘enemigo’, sino presuntos infractores de la ley. Es una estrategia muy distinta para la cual no están capacitadas las policías naval o militar”, apuntó.

Por su parte, Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que el nombramiento de un militar especializado en lucha contra el narcotráfico como directivo de la GN demuestra que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dará continuidad a la misma estrategia de seguridad pública de administraciones anteriores.

Parece que es una contradicción del actual gobierno con su discurso de atender las causas estructurales de la violencia, relacionadas con el modelo económico y la falta de acceso a los derechos básicos. Hoy parece contradictorio que el modelo de seguridad no esté alineado con eso, sino que dirija toda su energía a contener la violencia con más violencia, alertó Ventura.