orque nos afecta a todos y hay mucho en juego. La disputa es entre los intereses de las megaempresas (trasnacionales y nacionales), que se han beneficiado en grande con la ley y programas actuales, y la necesidad de reformar el sistema de ciencia y tecnología para que sirva a las necesidades de la mayoría del pueblo mexicano. Son paradigmas opuestos: una ciencia elitista para producir tecnologías al servicio del lucro (tecnociencia) o la posibilidad de desarrollar una ciencia digna, comprometida con la sociedad que la sostiene, que reconozca e integre distintas formas de conocimiento, que desarrolle tecnologías para el bien común, en lugar de venderse al mejor postor.

Como planteé antes (ver ¿Ciencia para el lucro o ciencia para la gente?, La Jornada, 30/3/19), esta disputa se agudizó con una nueva propuesta de ley de humanidades, ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera. Ésta propone sustituir la norma existente y reformar la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados para que la Comisión de Bioseguridad (que tramita las solicitudes de liberación de transgénicos) quede bajo el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

La propuesta de ley plantea una restructura del sistema nacional de ciencia y tecnología para eliminar duplicidades y devolver al Conacyt su papel rector en el tema, sobre la base de una ciencia y tecnologías que observen, entre otros, los principios de previsión, prevención y precaución, el derecho a consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y locales, que promueva la investigación de frontera y aquella orientada a la atención de problemas sociales prioritarios, así como fortalecer la planta productiva nacional para consolidar la independencia tecnológica del país.

Propone mantener programas de apoyo a sectores productivos, pero dirigidos al sector social y las micro, pequeñas y medias empresas (99 por ciento de las empresas en México, según el Inegi), prefiriendo proyectos que tengan como objeto prioritario contribuir a la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país, el uso racional y la conservación de los recursos naturales, el respeto del territorio, los conocimientos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables. Requiere que los proyectos cuenten con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada por los potenciales usuarios.

Prevé realizar foros de consulta, abiertos a toda la comunidad de ciencia y tecnología, lo cual es un cambio muy positivo. La ley actual restringe la consulta a una sola entidad –el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que integra a grandes asociaciones empresariales, las cuales han marcado su impronta en sus posiciones–, que además es financiado por el Conacyt, con lo cual el erario público paga el cabildeo en favor de las empresas. Muchas críticas al cambio de ley vienen de este foro y sus allegados, que avizoran perder privilegios.

La nueva ley propone abrir la consulta a sectores mucho más amplios de la sociedad, apoyando a campesinos e indígenas para que puedan participar. No obstante, es preciso aclarar en qué políticas y programas debe existir no sólo voluntad, sino obligatoriedad de consulta por parte del Conahcyt, con quiénes, en qué plazos y cómo se tomarán en cuenta los resultados.

Esto adquiere particular importancia, ya que el Conahcyt absorbería las funciones de la Comisión de Bioseguridad (actual Cibiogem).

Hasta ahora, las consultas sobre liberación de transgénicos de la Cibiogem han sido una burla. Las consultas electrónicas son de difícil acceso para los que serán afectados en sus territorios. La Cibiogem ha ignorado sistemática y arbitrariamente los aportes críticos en esas consultas. Peor aún, en consultas directas a pueblos indígenas, a las que la Cibiogem fue obligada por sentencia judicial a partir de demandas de organizaciones en la península de Yucatán, la Cibiogem y su entonces secretaria ejecutiva, Sol Ortiz, colaboraron con Monsanto y otras empresas, intentando manipular las consultas y dividir a los pueblos.

Pese a este historial –¿o gracias a él?–, el nuevo secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, buen amigo de las trasnacionales de transgénicos, se llevó a Sol Ortiz a trabajar a la Sader como encargada de cambio climático, tema en el cual no tiene formación ni capacidad. Los que protestaron por otros nombramientos que califican de arbitrarios convenientemente se callaron en este caso.

Esos críticos a modo señalan también que las secretarías de Salud y Medio Ambiente tienen participación en las decisiones de liberación de transgénicos de la Cibiogem, lo que se perdería con las reformas a la ley. Por el contrario, al colocar la comisión bajo la junta del Conahcyt, esas y otras nueve secretarías estarán vigilando las actividades. La Semarnat tendrá que tomar en cuenta los dictámenes de expertos de Inecc, Conabio y Conanp, entes que dictaminaron en repetidos casos que no se debe liberar transgénicos en ciertas áreas, algo que la Semarnat y la Cibiogem ignoraron, aprobando igual la liberación de transgénicos en esas áreas.

Todo esto debe cambiar. Un primer paso es participar activamente en el debate.

* Investigadora del Grupo ETC