El año pasado la violencia costó a cada mexicano 41 mil 185 pesos, es decir, cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador, de acuerdo con estimaciones del Instituto para la Economía y Paz (IEP), un centro de investigaciones de carácter mundial.

El laboratorio de ideas con sede en Sídney, Australia –con oficinas en la capital de México; Nueva York, Estados Unidos, y La Haya, Países Bajos–, divulgó ayer la sexta edición del Índice de Paz México 2019 (IPM).

En el documento, presentado en territorio nacional por Carlos Juárez Cruz, director del programa del IEP en México, se advierte que por tercer año consecutivo el nivel de paz se deterioró y 2018 se ubicó como el año más violento que se haya registrado.

Señala que el descalabro en el IPM se debe principalmente al aumento en la tasa de homicidios, que pasó de 24 a 27 por cada 100 mil habitantes, y detalla que 69.4 por ciento de los asesinatos se cometieron con arma de fuego.

Para estudiar el nivel de paz de este índice, el centro de inves-tigación emplea cinco indicadores: tasa de homicidios, delitos con violencia, ilícitos cometidos con armas de fuego, cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada.

El IPM registra un retroceso en los niveles de paz en 22 estados de la República Mexicana y mejoras sólo en 10. En relación con las entidades menos pacíficas, Baja California encabeza la lista y le siguen Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua.

En términos económicos, el IEP estima que el impacto de la violencia fue de 5.16 billones de pesos en 2018, cifra que equivale a 24 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México. Lo anterior representa un aumento del 10 por ciento en comparación con 2017 y de 38 desde 2015.

Para esta estimación, explicó Juárez Cruz, el instituto consideró el costo que generan los daños directos de la violencia, así como valoraciones en términos de falta de productividad por temor.

En el texto se detalla que la violencia y el miedo a ésta producen importantes trastornos económicos. En tanto que los incidentes violentos generan costos por daños a la propiedad, lesiones físicas o trauma sicológico, el miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía, sobre todo al cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos y privados de las actividades productivas y dirigirlos a medidas de protección, señala el documento.

La inseguridad afectó tanto a civiles como a políticos, con al menos 850 hechos de violencia política registrados durante el ciclo electoral de 2018 y al menos 175 candidatos o funcionarios que fueron asesinados.

Sin embargo, explica que los incidentes violentos afectan de forma diferente a hombres y mujeres. Es más probable que los varones sean víctimas de homicidio, pues nueve de cada 19 víctimas de asesinato fueron varones. Mientras, 44 por ciento de féminas informaron haber sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida.

Por grupos de edad, los jóvenes se ven más afectados por la violencia que los adultos. La tasa de homicidios de personas entre 15 y 29 años de edad fue 42 por ciento más alta que el de la población general.

Ante esta escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere, lo cual genera que 97 por ciento de los delitos no se castiguen.

México es el país que dedica menos presupuesto a su fuerza policial y su sistema judicial en términos porcentuales del PIB entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Detalla que en 2017 los estados registraron una media de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, lo que muestra falta de recursos humanos. Según los datos más recientes, México sólo tiene 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio global de 16.

Ante este panorama, Carlos Juárez Cruz destacó que México no sólo debe invertir más en sus sistemas de justicia e instituciones sino de forma más inteligente.