A partir del 30 de noviembre de 2017, cuando se liberalizaron los precios de los combustibles en México, las cotizaciones de las gasolinas y el diésel toman en consideración diversos componentes para fijar los precios al público.

Entre éstos destacan las referencias internacionales de los precios del petróleo, costos de logística o transporte (de acuerdo con las zonas geográficas del país) y almacenamiento, impuestos (al valor agregado y el especial sobre producción y servicios), costo de la refinación y márgenes para los distribuidores o estaciones de servicios, así como el tipo de cambio.

Los estímulos fiscales que cada semana establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son para evitar incrementos o bajas abruptas en los precios de la gasolina; sin embargo, el beneficio continúa sin llegar al consumidor final.

Con la liberalización de los precios de los combustibles se esperaba la entrada de nuevas marcas de gasolinas en el mercado nacional, lo que consecuentemente crearía mayor competencia y ello podría beneficiar al consumidor, situación que no ocurrió.