omo suele ocurrir, las interpretaciones acerca de la evolución de la economía son contradictorias. Ahora se trata de la situación económica global.

Donald Trump apura al banco de la Reserva Federal a acabar con la restricción que representa el alto nivel actual de las tasas de interés, y demanda acrecentar la cantidad de dinero en la economía para sostener la expansión productiva y la creación de empleos. En el modo de expresarse que lo caracteriza, ha dicho: Creo que deben bajar las tasas y deshacerse de la contracción cuantitativa. Veremos, entonces, un cohete espacial.

Al mismo tiempo, Christine Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, advierte que la mayoría de los países no podrán contrarrestar la desaceleración económica, de la que ya hay indicios, con menores tasas de interés, y que, en cambio, deben usar de modo más inteligente las políticas fiscales.

El contexto de estas afirmaciones encontradas corresponde a lo que se observa en la política internacional. En Estados Unidos, el gobierno instrumenta medidas de tipo proteccionista en materia comercial y una política fiscal que contiene la rebaja de los impuestos y un mayor déficit para alentar la actividad económica.

En Europa, persiste la fragilidad financiera; Alemania ha dejado de crecer al ritmo acelerado que jalaba el producto de esa región; los gobiernos y movimientos de corte nacionalista adaptan sus posturas en materia fiscal; el Brexit amenaza con provocar choques económicos, que requerirían ajustes costosos, y además las condiciones sociales representan fuertes exigencias sobre los recursos públicos.

Robert Skidelsky, reconocido experto en la teoría keynesiana, ofrece una definición genérica de lo que es la macroeconomía, útil para poner en perspectiva los procesos económicos y políticos que están en curso.

Señala que de lo que trata es del dinero, el gobierno y las relaciones que se establecen entre ellos. Añade: Las cuestiones no resueltas de las políticas macroeconómicas surgen de las disputas acerca de la parte que desempeña el dinero en la vida económica y la parte que el gobierno debería cumplir.

El asunto ocupa un lugar central del análisis económico. Así fue de modo ostensible en el periodo que siguió a la crisis de los años 1930 y después del final de la Segunda Guerra Mundial. Otro giro se dio con la elaboración de las teorías y la aplicación de las políticas públicas surgidas en la década de 1970 para enfrentar el fenómeno de la estanflación, referido a la confluencia de alta inflación y elevados niveles de desempleo. Recientemente se aprecia en el abierto cuestionamiento a la concepción de lo que se conoce como la gran moderación, periodo en el que prevaleció una baja inflación y la estabilización del ciclo económico y que acabó en la crisis financiera de 2008.

Los extremos del debate acerca del papel del dinero y del gobierno se expresan, pues, en las políticas monetaria y fiscal. La primera se le encarga a los bancos centrales que operan con un estatuto de independencia respecto del gobierno. La segunda la ejecuta directamente el gobierno mediante el presupuesto que establece las fuentes de los ingresos, la asignación de los gastos y la gestión de la deuda pública. Este arreglo institucional podría estarse erosionando.

En todo caso, de lo que se trata es de que la relación entre dinero y gobierno genere las condiciones para que crezca el gasto en inversión y consumo que hacen el sector privado y el público, que aumente el nivel de empleo y los ingresos derivados del trabajo, y que esto ocurra en un entorno de estabilidad de los precios.

Nada simple y tampoco algo que, cuando se consigue, dure por un tiempo previsible y mucho menos indefinido. La cuestión está bien documentada en la historia económica.

En México hay ahora un replanteamiento de la relación entre el dinero y el gobierno. Lo que se ha dicho es que se persistirá en la política de contención de precios y el mantenimiento del valor de la moneda, y esto en un entorno de gestión fiscal para contener, a su vez, el déficit y el endeudamiento público. Este es el mismo arreglo que existía antes.

El entorno macroeconómico que se ha definido y con el que se pretende elevar al doble la tasa promedio de crecimiento anual del producto depende en gran parte de los proyectos de inversión pública que se realicen, la eficacia en su gestión, las condiciones de su financiamiento, la capacidad efectiva de provocar un mayor nivel de actividad económica en un plazo extendido de tiempo, su efecto multiplicador en la inversión privada y en las condiciones sociales, es decir, en su rentabilidad.