na exageración al mero estilo Fox colocó al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el apremio de precisar si los ex ocupantes de Los Pinos habrán de ser sujetos a alguna forma de enjuiciamiento y castigo públicos o, por el contrario, serán irrevocablemente perdonados, protegidos e incluso premiados.

Una denuncia tuitera hecha por Vicente Fox Quesada el sábado por la tarde llevó al Presidente a tomar una decisión incongruente: el otorgamiento de una escolta militar de ocho efectivos al político embotado (es decir, que usa o usaba botas) para protegerlo a él (empresario metido, entre otros negocios, a la expectativa de siembra, cosecha y comercialización de mariguana, cuando llegase a ser legal), a su familia (es decir, la esposa Martha Sahagún y ha de verse si también a los hijos de cada uno) y a sus bienes (masa patrimonial enriquecida a partir de la llegada de Fox a la Presidencia de la República en 2000, cuando su situación económica era endeble).

El Presidente de México reaccionó ante la información difundida por Fox en un tuit en el que hablaba de un comando armado que habría pretendido entrar a su domicilio. Respondió con rapidez, aunque versiones de las siguientes horas hablaron de la escolta de una pareja que habría rentado instalaciones en el Centro Fox para su matrimonio o de dos o tres ladrones comunes que habrían sido disuadidos por el equipo de seguridad privada que el próspero Vicente tiene en sus extensas propiedades inmobiliarias.

Dar ese trato de excepción a un personaje político tan reprobado generó una inmediata repulsa en redes sociales. Pero la cereza del contaminado coctel sabatino la puso el propio López Obrador en una conferencia de prensa banquetera en un pasillo del aeropuerto de la capital, al aprovechar la oportunidad para revelar que tres meses atrás había otorgado a Felipe Calderón un trato similar, mantenido este punto en un plano de discreción luego que el esposo de Margarita Zavala le había enviado una carta solicitando ese tipo de protección.

La vuelta (sin excesos) a una parte del pasado político reciente (de privilegio para los poderosos, mientras la ciudadanía en general sufre la violencia criminal cada vez más salvaje) contradice los correspondientes mensajes emotivos de López Obrador como candidato presidencial. Un tuitero astillado escribió que el tabasqueño había entrado a la fase menguante de su luna de miel con el electorado.

Un segmento de los seguidores de López Obrador esgrimió esencialmente dos explicaciones/justificaciones: asignar militares a la custodia de sus opositores (y verdugos electorales en 2006 y en 2012) es una jugada maestra porque los infiltra y así los mantendrá bajo control para conocer sus movimientos y ante un eventual arresto, si una consulta ciudadana (de fecha y realización indefinidas) decide ordenar su enjuiciamiento penal; y, segundo argumento: cuidar a esos ex panistas podría impedir que haya un crimen que sería adjudicado al lopezobradorismo por descuido si no hubiera asignado escoltas y que podría generar fuertes problemas al gobierno en turno.

A reserva de las mañaneras declaraciones que el presidente López Obrador haya hecho este lunes, el tema de fondo es la política de perdón, protección e incluso premio a las élites del pasado, mientras a diario se informa de actos de corrupción y daño al interés nacional cometidos por esos políticos (Fox, Calderón y, de manera particular Enrique Peña Nieto, virtual intocable de este sexenio, al igual que su pandilla central). Ni perdón ni olvido.

Elba Esther Gordillo confirmó ayer su muy cantada pretensión de competir por la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo hace desde un flanco tolerado por la Presidencia de la República y con la expectativa de convertirse en su aliada táctica en lo magisterial y lo electoral (esto, con su nuevo partido en proceso).

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