a noticia empezó a circular la noche del viernes, cuando el régimen de Trump presentó ante un tribunal en San Diego su propuesta para cumplir con una orden judicial donde indica que calcula tardar entre uno y dos años para encontrar y empezar a reunificar a miles de niños que el gobierno separó por la fuerza de sus padres y familiares. Tardará todo ese tiempo porque ahorita no sabe dónde están miles de esos menores.

Fue hace justo un año cuando oficialmente se implementó la política de cero tolerancia, anunciada por el entonces procurador general Jeff Sessions. El régimen de Trump argumentó que la ley los obligaba a separar familias. Pero no existe tal ley. Fue una decisión política de impulsar una medida para arrestar a casi todo inmigrante indocumentado capturado cruzando la frontera, acompañado o no por niños. Como el Departamento de Justicia no puede procesar penalmente a menores de edad junto con sus padres, éstos fueron separados; así, los adultos fueron internados en centros de detención y los niños clasificados como menores no acompañados colocados en centros y albergues operados por contrato con el Departamento de Salud y posteriormente muchos fueron entregados a familiares o, bueno, no se sabe exactamente. Casi 2 mil menores de edad fueron separados en sólo un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 2018, según cifras oficiales.

Ante una ola de protesta cada vez mayor de diversos sectores, incluidos algunos conservadores, junto con asociaciones nacionales de pediatras y sicólogos, entre otros, Trump y su gente buscaron distanciarse de la política que ellos mismos impulsaron; primero, el presidente insiste en que sólo estaba cumpliendo con leyes horribles promulgadas por demócratas (falso) y segundo, asegura: odio que los niños sean llevados a otro lugar. Su secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen (quien este domingo presentó su renuncia después de múltiples críticas del presidente de ser demasiado débil para controlar la migración), declaró sin ninguna vergüenza: no tenemos una política de separar familias en la frontera. Punto. Pocos días después su jefe se vio obligado, ante la ola de condenas, a suspender esa misma política que supuestamente no existía; cinco días más tarde un juez federal ordenó el fin de esa política.

Una demanda legal presentada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) culminó con una orden judicial federal para que el régimen reunificara a los 2 mil 737 niños que fueron separados de sus padres.

Pero resulta que son muchos, potencialmente miles, de niños más. Con la propuesta presentada ante el tribunal el pasado viernes, el régimen, en efecto, confesó que no sabe cuántas familias separó, y agregó que por ello podría necesitar entre 12 y 24 meses para identificar a todos, al revisar unos 47 mil casos de menores no acompañados que estaban bajo custodia del gobierno en algún momento entre julio de 2017 y junio de 2018. El mes pasado, el inspector general del Departamento de Salud informó que hay muchos más casos de niños separados de los que anteriormente se han registrado, y que no tenían ni un cálculo sobre cuántos son.

Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU encargado del caso, criticó la propuesta al afirmar que el gobierno fue capaz de juntar rápidamente los recursos para arrancar a estos niños de sus padres y ahora necesitan reunir los recursos para reparar el daño.

Ni un solo gobierno de los países donde nacen, crecen y viajan estos niños se ha atrevido a denunciar todo esto, mucho menos a pedir que el régimen estadunidense rinda cuentas. Todos vieron las imágenes de pequeños en jaulas, todos pudieron escuchar los gritos y el llanto de los menores arrancados de los brazos de sus padres, todos podían leer los testimonios de víctimas, de madres y padres enloquecidos por saber dónde estaban sus hijos, de reportes sobre el trauma tal vez permanente que esto les ha ocasionado.

Es inaguantable, ¿no? ¿Entonces? ¿Qué nos pasa?

El carácter verdadero de una sociedad es revelado en cómo trata a sus niños: Nelson Mandela, 1997.