La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ejerció 15 por ciento del presupuesto asignado en 2018, esto es 829 millones 475 mil 126 pesos, determinó la Dirección General de Auditoría del máximo tribunal.

De acuerdo con los resultados del Análisis Presupuestal y Financiero, se señala que se identificaron seis proyectos que se ubican en situación de riesgo de no ejecutarse, entre ellos la adquisición de licencias de software, arquitectura de seguridad informática, migración del servicio de correo electrónico y adquisición de mobiliario.

En el oficio CSCJN/DGA/DAIB/ 187/2019, fechado el 4 de marzo de este año, la auditoría informa sobre el estado del presupuesto de la Corte al 31 de diciembre de 2018, y en él se menciona en qué medida las unidades administrativas dejaron de utilizar los recursos que les fueron asignados para el cumplimiento de los proyectos a su cargo.

En 2018 se autorizó a la Corte un gasto de 5 mil 635 millones 107 mil 441 pesos, y de ellos 72 por ciento del capital se utilizó para cubrir los salarios del personal, esto es 4 mil 70 millones 236 mil 33 pesos, y 28 por ciento (mil 564 millones 871 mil 408 pesos) se programó para el resto de las unidades administrativas.

En el documento firmado por Christian Cymet López Suárez, contralor de la SCJN, se establece que al cierre de 2018, la Corte realizó reducciones a su presupuesto por 129 millones 676 mil 34 pesos, y reportó recursos no utilizados por 699 millones 799 mil 92 (446 millones 871 mil 782 pesos por concepto de ahorro y economías; 229 millones 536 mil 305 pesos clasificados como recursos regularizables, y 23 millones 391 mil 5 pesos de ingresos extraordinarios), lo que significa que en total dejó de ejercer 829 millones 475 mil 126 pesos en ese año.

Entre los recursos que no se ejercieron con motivo de lo que se define como economías (gastos no realizados) están 42 millones 187 mil 642 pesos por arrendamiento de equipo de cómputo, 32 millones 102 mil pesos por ahorros realizados por la instalación de red privada virtual, 29 millones de pesos no utilizados para la construcción de arquitectura de seguridad informática, 10 millones que estaban destinados a infraestructura de almacenamiento y 9 millones 600 mil pesos por el rubro migración de correo institucional.