sta semana comenzó la segunda etapa de excavaciones en terrenos donde estuvo el cuartel militar de Atoyac en los años 70, en busca de los restos del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido tras su detención por efectivos militares el 25 de agosto de 1974.

La irracionalidad con que ha sido buscada la más famosa víctima de desaparición forzada durante la guerra sucia en Atoyac no ha cambiado un ápice, salvo el nombre, entre la actual Fiscalía y la anterior Procuraduría General de la República, a pesar del cambio del gobierno federal.

¿Por qué buscarlos a partir de testimonios de víctimas colaterales de los hechos, pero que no los presenciaron, en vez de llamar a declarar a los militares que participaron, así como a sus jefes, incluidos el entonces secretario de la Defensa Nacional y el entonces presidente y jefe supremo de las fuerzas armadas, Luis Echeverría Álvarez? ¿No sería esto más barato y más efectivo?

La respuesta es simple: al Ejército no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa, y menos ahora que constituye la piedra angular de la lucha contra la criminalidad que tiene al gobierno y a México contra las cuerdas. Eso explica por qué la posición del actual gobierno es la misma que la de Felipe Calderón ante el instituto armado.

Lo que se ve no se juzga. Y lo que se ha visto hasta ahora es que no ha habido voluntad política para buscar en serio a los desaparecidos. Resulta hasta increíble el método de excavar donde familiares de las víctimas consideran que pueden estar sus restos, así sin más, cuando en el mundo actual hay suficientes tecnologías para examinar el subsuelo con toda precisión y a gran velocidad.

En busca de restos arqueológicos, en países europeos y del sur de América se examina el suelo desde aviones o con drones, y lo escanean con métodos y tecnología moderna que con toda precisión indica qué hay debajo y se pueden abarcar grandes extensiones en muy poco tiempo.

¿Por qué la Fiscalía sigue buscando como si no hubieran transcurrido casi 50 años desde entonces, si la búsqueda de de-saparecidos es una de las grandes prioridades del actual gobierno federal, según se deduce del monto de recursos destinados para tal fin, como nunca antes?

La respuesta es simple: no se quiere molestar a la piedra angular de la lucha contra el crimen.