El departamento de informática de la extinta Asamblea Legislativa (ALDF) era ocupado por políticos o administrativos sin conocimiento de la especialidad y no hicieron más que contratar proveedores para solventar las necesidades, además de poseer los programas de cómputo para controlar el sistema de votación electrónica, eran los dueños de la página de Internet con nombre y dominio.

El titular de la Subdirección de Integración de Sistemas del Congreso, Rodrigo Álvarez, dijo que cuando se fueron se llevaron todo, quisieron chantajear y apagaron el switch.

Al ser entrevistado, el especialista en tecnología expuso que tampoco se invirtió en infraestructura: Hemos sido reactivos porque heredamos un basurero, haciendo compras de emergencia para reparar, con lo que la primera Legislatura del Congreso capitalino debió iniciar desde cero, con la principal ventaja de que tanto la aplicación del tablero de votación como la página de Internet desarrollados en un esquema de software libre, serán propiedad del Poder Legislativo.

Se llegó al extremo de que ni siquiera las licencias de los programas de uso diario, como los de ofimática y el antivirus, estaban a nombre de la ALDF, sino de funcionarios que tampoco las entregaron, por lo que espera que en todos estos casos se hayan iniciado las acciones legales, ya sea contra las empresas o contra los servidores públicos que elaboraron y suscribieron contratos lesivos y la consecuencia de haber retrasado que el Congreso disponga de ambos sistemas, aunque aclaró que esa materia no le corresponde.

En febrero pasado el diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, denunció en el pleno que la ALDF no sólo contrató a una empresa para instalar el sistema que administra los registros de asistencia y votación, sino que pagaba cada año por pólizas de actualización.

Según la Oficialía Mayor del Congreso, por dicho programa se pagaron más de 2 millones 500 mil pesos y un contrato en la póliza de actualización de 2016 con la empresa EO Techne fija el pago al que se ciñó la ALDF por el servicio ese año en 1 millón 392 mil pesos.

Álvarez explicó la importancia que tiene la página de Internet para el Congreso, pues debe cumplir con el principio de parlamento abierto que obliga la Constitución capitalina, de manera que todos los documentos estén en formato libre y que los ciudadanos no deban comprar aplicaciones para ver la información. Aseguró que será más sencillo navegar por ella y el orden estará basado en los archivos más consultados por la gente para agruparla en el apartado ciudadanía.

La página de la que no tengo control, congresociudaddemexico.gob.mx, que nadie me entregó está en posesión de una persona nada más; la dirección que va a quedar es congresocdmx.gob.mx, que además es más fácil de recordar.