Se debe dar un cambio en el uso clientelar de programas sociales, pero hay que evitar regresiones que atenten contra los derechos de las personas, sobre todo de quienes viven en pobreza y exclusión, señaló Acción ciudadana frente a la pobreza, ante la puesta en marcha de nuevas estrategias en la actual administración.

Destacó que eliminar espacios o prácticas de corrupción en la ejecución de programas o en la prestación de servicios es indispensable, pero eso no puede implicar la eliminación de los servicios en sí mismos. Agregó que hay muy poca información oficial y documentada sobre el avance del llamado censo del bienestar, cuyo fin es generar los padrones para los nuevos programas.

En un análisis lamentó que con el desmantelamiento de Prospera se elimina el componente de nutrición infantil y de acciones preventivas de salud para toda la familia, en especial en la etapa perinatal y la primera infancia. Queda como programa de becas de educación básica, pese a que hay evidencia de que carecen de impacto en educación primaria.

Tan sólo de la población de adultos mayores, en la más reciente medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2016, había 9.6 millones de personas de las cuales 34.6 por ciento estaba en pobreza. Es decir cuatro de cada 10 estaban en miseria.

Ante ello, la pensión universal para esta población es una medida positiva pero el monto de 2 mil 550 pesos bimestrales no cubre el costo total de la canasta básica. El análisis de la organización consideró que gran parte de este grupo carece de pensión y ya no tiene forma de generar ingresos por su cuenta.

Evitar duplicidades

Indicó que avanzar hacia un sistema universal de protección social y seguridad social, integrado y con enfoque de derechos resulta indispensable. También mencionó que se requiere evitar duplicidades que generen distorsiones al entregar subsidios a quienes ya reciben montos muy superiores por medio del IMSS u otras formas de pensión.

La organización advirtió que se debe evitar toda forma de permanencia de la simulación y la corrupción que lucre con las necesidades de los más pobres. Consideró positivo el incremento al salario mínimo por encima del costo de la canasta básica, con lo cual se rompió con la política de contención salarial que llevaba décadas, uno de los principales factores de pobreza. También destacó la prioridad en la cobertura de los programas a zonas indígenas, ya que en varios proyectos se establece como prioridad ese tipo de localidades así como las de mayor rezago social.