Un sombrío y alarmante panorama en materia de garantías fundamentales en México fue lo que escuchó ayer Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en voz de representantes de organizaciones de la sociedad civil mexicana.

El tiempo fue insuficiente para exponer ante la funcionaria internacional el raudal de violaciones a los derechos humanos cometidas en administraciones pasadas y señalar también los riesgos que las políticas emprendidas al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador significan para estas garantías.

Al iniciar ayer su visita oficial a México (que concluirá el 9 de abril), Bachelet se reunió a puerta cerrada en un hotel del centro de la Ciudad de México con integrantes de organizaciones civiles, que le presentaron un diagnóstico de la situación de estos derechos en el país.

Le informaron que desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006, se han acumulado cifras alarmantes de asesinatos, tortura y desapariciones forzadas, entre otros delitos, ante los cuales el Estado no ha respondido a la altura que se requiere, generando altas cifras de impunidad y corrupción.

En una sesión de apenas dos horas, las ONG presentaron cuatro temas generales: democracia; seguridad y justicia; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y pueblos indígenas, como adelantó en su edición de ayer La Jornada. Al finalizar la reunión, voceros de la sociedad vivil detallaron a los medios que la titular de la ONU-DH fue receptiva a sus planteamientos.

Bachelet pudo conocer los saldos de la violencia, que se incrementó a partir de la militarización de la seguridad pública: miles de asesinatos, 40 mil 180 desaparecidos, mil 300 fosas clandestinas, tortura y 6.76 por ciento de la población obligada a abandonar sus hogares. Se le informó (lo cual motivó su interés) que en el sexenio pasado fueron asesinados 48 periodistas y 161 defensores, y en lo que va del año suman seis y 10, respectivamente.

Fue alertada sobre los proyectos emprendidos por la nueva administración federal con augurios de posibles violaciones a los derechos humanos.

El que mayor preocupación generó entre los representantes de la sociedad civil convocados fue el anuncio que hizo ayer el presidente López Obrador de que el mando de la Guardia Nacional recaerá en un militar en activo.

Las ONG criticaron esta posición y se lo hicieron saber a Bachelet, quien respondió que como parte de su experiencia en Chile tanto como jefa de Estado en dos ocasiones y como de secretaria de la Defensa, y con base en su propia historia de vida, siempre ha estado en favor del fortalecimiento de las corporaciones civiles para que la seguridad pública recaiga en esas autoridades.

Alertaron que otras políticas de la nueva administración que presentan riesgo son los megaproyectos, procesos de consulta amañados que no cumplen los estándares internacionales, políticas sociales con enfoque meramente asistencial y que no incluyen criterios de derechos humanos ni de perspectiva de género, entre otros.

Le solicitaron que exhorte a las autoridades mexicanas a impulsar dos instancias extraordinarias: un mecanismo contra la impunidad con cooperación internacional y una comisión nacional de la verdad. Pidieron además que la ONU-DH presente un informe anual de la situación de estas garantías en México.

Bachelet se comprometió a exponer todos los planteamientos ante los representantes del Estado mexicano, pues en el transcurso de su visita dialogará con actores de los tres poderes de la Unión y de instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.