Las redes sociales no pueden sustituir las responsabilidades institucionales de investigar y sancionar el acoso, hostigamiento y violencia sexual, señaló el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Ante las denuncias difundidas en el movimiento #MeToo, pidió transitar del buscar justicia por estos medios a hacerlo en canales institucionales.

Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Inmujeres, apuntó que en estos espacios se pueden hacer “juicios a priori a favor o en contra de las víctimas o del presunto señalado”, que sólo polarizan a la sociedad en torno a un fenómeno que requiere ser atendido. No deja un saldo reducativo y no contribuye a resolver el problema.

En entrevista, reconoció que el movimiento #MeToo da voz a los casos de violencia tan generalizada y normalizada, pero insistió en que se requiere pasar a la acción institucional.

En las redes sociales de nada nos sirve la confrontación respecto de estas prácticas. Lo que se debe reflexionar son las repercusiones de los testimonios, los cuales muestran una realidad que está ahí y que tiene que atenderse.

Navarrete habló con La Jornada a propósito de las denuncias por presuntos casos de acoso, hostigamiento y violencia sexual que se han difundido en el movimiento #MeToo, y en el que una acusación anónima derivó en el suicidio del músico y escritor Armando Vega-Gil.

–¿Cómo hacer que las denuncias que se difundieron tengan cauce y deriven en sanciones?

Lo que estamos planteando e invitando a las que han acusado a partir de estos medios es a formalizar la denuncia ante la autoridad. Creo que eso es algo importante. Tenemos que pasar de la indignación social a la querella formal para generar la acción judicial. Ahí, dijo, sí podemos intervenir como instituto.

El funcionario señaló que si hay tantas acusaciones en la red social, algunas bajo el anonimato, y no en las instituciones es porque éstas están cerradas. Es momento de que se abran los cauces para que sean investigadas justo en el marco de la ley respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Lo que ha sucedido con el movimiento, añadió, es un llamado de atención muy serio para las instituciones del Estado en sus tres ámbitos de gobierno.

▲ Inmujeres llama a que las denuncias de violencia de género se presenten ante organismos de defensa de derechos humanos.Foto Cristina Rodríguez

Respecto a las publicaciones que se han hecho por venganza o difamación, dijo que no se tienen los elementos para señalar si éstas son mayoría porque todo se ha planteado en el terreno del enjuiciamiento social, y éste no tiene parámetros de debido proceso ni de respeto a los derechos de nadie. Por eso es importante pasar de la indignación social frente a un fenómeno real, de acoso y de hostigamiento sexual, a la acción institucional.

Navarrete destacó que para actuar frente a estos casos el Inmujeres promueve el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, publicado desde 2016. Además, pondrá acento en el abordaje de estas prácticas, pues en lo institucional en el mejor de los casos son considerados falta administrativa, y excepcionalmente como delitos.

Indicó que también el organismo planteará propuestas integrales en las que se incluirá a los hombres. Dijo que desde su marco normativo y de diversos instrumentos internacionales se recomienda al Estado mexicano trabajar el tema de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica que está justamente edificada en la idea de la superioridad, del machismo y la misoginia.

Deuda con las féminas

El movimiento #MeTooMexico es una manera de visibilizar un complejo problema que existe en el país: la violencia sexual contra las mujeres, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado tras participar en un foro en la Universidad Anáhuac, González Pérez enfatizó que no se puede desconocer que la población femenina enfrenta una constante violencia, y sus denuncias son válidas. Pero a la vez, acotó, también se debe garantizar el derecho de los imputados a defenderse.

Planteó la necesidad de que las instancias del Estado mexicano generen las condiciones para que la que sea víctima de acoso o abuso sexual pueda denunciar en confianza, pero a la vez se garanticen los derechos de los presuntos responsables, que en caso de ser hallados culpables, sean sancionados.