En días recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) ha sufrido dos descalabros ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) al no presentar los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso de probables implicados en desvío de recursos, pagos indebidos y falsificación de documentos, entre otras prácticas detectadas en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio pasado.

Dicha dependencia, que encabeza Alejandro Gertz Manero, tiene 23 expedientes abiertos que detallan la probable participación de 64 ex funcionarios; sin embargo, hasta el momento ninguna de las carpetas judicializadas implica a la ex titular de esas secretarías, Rosario Robles.

Hasta ahora, la pesquisa se ha concentrado en ex servidores públicos que fungieron como subsecretarios, directores o coordinadores, y se ha logrado la vinculación de ocho probables implicados.

Durante las recientes audiencias, el Ministerio Público Federal no logró aportar las pruebas suficientes para que el juez de control vinculara a proceso a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de la unidad de delegaciones de Sedesol, señalado por autorizar indebidamente contratos por 124 millones de pesos, y a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de programación y presupuesto de la Sedatu, por el presunto desvío de 185 millones.

A finales de enero, Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de ordenamiento territorial de Sedatu, fue vinculado a proceso, pero no por los presuntos desvíos, sino por falsedad en declaración al negar que una de las firmas en contratos fuera la suya.

Por otra parte, Armando Saldaña, ex director general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Sedatu, fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, pues como funcionario habría girado oficios para que se realizara un pago de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó esas irregularidades en las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015, por lo que presentó las respectivas denuncias ante la FGR.

Por anomalías en la cuenta pública 2013 en Sedesol, la ASF presentó seis denuncias por desvío de recursos; en el siguiente ejercicio fiscal fueron tres querellas por pago indebido, desvío de recursos y contratación pública indebida. En tanto, por las irregularidades de la cuenta pública 2015, la PGR recibió 15 denuncias, de las que siete fueron por desvío de recursos y dos por contratación pública indebida.