El gobierno federal se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos en San Salvador Atenco, estado de México, en 2006.

Ayer, en la Secretaría de Gobernación (SG) se instalaron formalmente las mesas para la aplicación del fallo. Este tribunal internacional resolvió que el Estado mexicano es responsable por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, sicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia, entre otras, en el contexto de los operativos desplegados el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco.

En el encuentro encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, participaron algunas de las víctimas y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quienes las han acompañado en todo el proceso. Encinas expresó el compromiso de la administración de Andrés Manuel López Obrador de cumplir cabalmente la sentencia (que consta de nueve puntos) y a no revictimizar a las agraviadas.

Entre los primeros acuerdos alcanzados destaca que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal (incluyendo la profundización en la cadena de mando), medidas de no repetición y atención de salud.

Nos interesa el tema de justicia; esa es la prioridad para nosotras, además de que haya medidas de reparación para cada una, enfatizó Bárbara Italia Méndez, una de las 11 víctimas, al finalizar la reunión.

Una de sus principales demandas –que fue atendida por la Coridh– es que dentro de las investigaciones se indague en las responsabilidades de la cadena de mando, para sancionar a todos los responsables, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien durante los hechos era el gobernador del estado de México.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Prodh, enfatizó que la sentencia de la Coridh es vinculante, por lo que el Estado está obligado a cumplirla. Por ello, dijo, hay esperanza en que las 11 puedan acceder a la justicia.

En la sentencia, notificada en diciembre de 2018, la Coridh ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva con perspectiva de género e incluir todas las formas de responsabilidad a escalas federal y estatal, así como aplicar medidas para revertir las condiciones que permiten la comisión de tortura sexual y represión policiaca, entre otras.