El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que en casos en los que se determine que se cometieron actos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, las autoridades no podrán reservar ningún dato que exista en las averiguaciones previas o carpetas de investigación.

Asimismo, indicó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tiene facultades para determinar qué casos se pueden considerar como violaciones graves a derechos humanos.

Lo anterior ocurrió al resolver el juicio de amparo en revisión en contra de resoluciones de la Procuraduría General de la República y del Inai, en las cuales se negó el acceso pleno al expediente a solicitantes de información relacionada con las dos matanzas de migrantes ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, así como con el asesinato de 49 personas en el municipio de Cadereyta, Nuevo león, en 2012. En ese contexto el pleno de la Corte acordó que las autoridades a las cuales se les solicita información, haga la primera calificación de si un caso es o no un asunto en el que se cometieron violaciones graves a derechos humanos, si se cometieron actos de lesa humanidad, y deberá argumentar y sustentar si considera que la información cumple con los requisitos de excepción que establece el artículo 14 constitucional.

A ese respecto, durante la discusión, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señaló una supuesta protección de datos o de confidencialidad está prohibida por el artículo 14 constitucional y (la negativa al acceso pleno) vendría a frustrar el conocimiento de la verdad para las personas, y los ciudadanos sobre este tipo de eventos de extraordinaria relevancia para la sociedad y que deben ser inadmisibles, que deben ser desterrados de la vida pública del país; y consecuentemente la ley es muy clara cuando estamos en estos supuestos: el acceso es completo, no hay datos personales que valgan, no hay versiones públicas que valgan.