asta junio pasado las mujeres de Arabia Saudita tenían prohibido conducir automóviles. Ahora sí y hasta trabajar de taxistas o en las dependencias responsables de la seguridad del transporte.

Por desafiar esa prohibición sufrieron prisión varias mujeres. Como Lujain al Hathlul, Aziza al Yusef e Iman al Nafjan, destacadas defensoras de los derechos humanos. La primera se atrevió en 2014 a hacerlo públicamente, lo que le ocasionó la condena de los sectores ultraconservadores y del régimen saudita.

Se creyó que permitir conducir a las mujeres abría el camino a la modernización del reino. Sin embargo, luchar por que se amplíen las libertades y derechos femeninos tiene presas desde hace meses a decenas de activistas.

Algunas han sufrido tortura, según testimonios reciente de tres liberadas y cuyos procesos aún no terminan. Podrían ser condenadas a 20 años de prisión.

Las acusan de ‘‘disentir con los principios del régimen’’. Los medios han realizado contra ellas una campaña de difamación acusándolas de traición, al ‘‘mantener contactos sospechosos con países rivales’’ y ‘‘socavar la seguridad y la estabilidad nacionales’’.

En realidad exigen que termine el sistema de discriminación que las mantiene bajo el yugo masculino y hace que Arabia Saudita ocupe el antepenúltimo lugar en el índice mundial de desigualdad de género de Naciones Unidas.

Sin la autorización de un hombre no pueden solicitar un pasaporte, someterse a una intervención quirúrgica, casarse, alquilar un apartamento, inscribir a sus hijos en una escuela, abrir una cuenta bancaria, viajar libremente por el país o al extranjero.

También los hombres padecen represión. Nuevas revelaciones sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en el consulado saudita de Estambul en octubre pasado, muestran que ese crimen es parte de una estrategia para silenciar a los ‘‘disidentes’’. Y que la dirige el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, consentido del gobierno de Estados Unidos.