Querétaro, Qro., La Fiscalía General del estado (FGE) inició una investigación en contra de Jacinta Francisco Marcial –indígena ñañú acusada de secuestrar a policías federales en 2006–, ahora por presuntas amenazas a Verónica Sánchez Gutiérrez, delegada de la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil.

El 17 de marzo pasado se informó a los comerciantes de Santiago Mexquititlán que la cuota por vender en el atrio de la iglesia se incrementaría de 10 a 100 pesos. Además, la delegación redujo los espacios asignados a los comerciantes, lo que causó inconformidad de los comerciantes, entre ellos Jacinta.

Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, lamentó que la FGE use arbitrariamente el poder para castigar a quienes se inconforman por los abusos de la autoridad.

Precisó que la fiscalía itinerante de Amealco inició una investigación por amenazas sobre mandar a desaparecer a la delegada de Santiago Mexquititlán, tres días después de lo suscitado en el tianguis dominical.

La denuncia incluye a Estela y Sara, hijas de Jacinta; además, la FGE concedió medidas de protección a la delegada para que las tres mujeres indígenas no se le acerquen, y si eso ocurre, serán detenidas durante 36 horas.

Nos preocupa la utilización facciosa del sistema de justicia penal para asuntos particulares. Si bien hay diferencias, usar otra vez el brazo punitivo del Estado para golpear a Jacinta y sus hijas constituye un uso arbitrario del poder y debe denunciarse. Pareciera que no aprendimos nada de 2006, manifestó el abogado.

Jacinta Francisco Marcial narró que se acercó a la delegada para preguntarle la razón del aumento de cuotas y reducción de espacios, y en respuesta la acusaron ante los demás comerciantes de ser una vividora de gobierno, que golpeó a policías y luego se hizo la víctima para sacar dinero.

La acusada señaló que los comerciantes no están en desacuerdo con el incremento siempre que sea moderado, y pidieron a la delegación municipal que rinda cuentas de esas cuotas, pues no ven mejoras.

También les preocupa, dijeron, que la autoridad municipal, a cargo del panista Rosendo Anaya, se quiera apropiar del tianguis, pese a que el espacio pertenece a la iglesia.

El 3 de agosto de 2006 Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González fueron detenidas y acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación que seis meses antes decomisó mercancía apócrifa en el tianguis.

En un proceso con pruebas falsas, Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión sin asistencia de un intérprete en ñañú. Tras la reposición del procedimiento, el 16 de septiembre de 2009, Jacinta obtuvo su libertad. En 2016 el tercer tribunal colegiado determinó que la entonces Procuraduría General de la República debía reparar el daño y ofrecer una disculpa pública.