Uno de los argumentos centrales que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador para defender el proyecto de la Guardia Nacional fue que esta corporación se basaría en el modelo del Mando Especial de Seguridad de La Laguna, que el gobierno federal implementó en 2010 en Coahuila y Durango. Ayer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que en su más reciente audiencia pública el pleno requirió a autoridades militares dar a conocer toda la información relacionada con ese operativo.

Con dicha resolución, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que entregar a un particular los datos relacionados con esa estrategia aplicada en la Comarca Lagunera, precisando fecha de inicio y conclusión, recursos utilizados anualmente, estados donde se llevó a cabo y los batallones involucrados.

Al exponer el asunto ante el pleno del INAI, el comisionado Joel Salas aseveró que el Operativo Conjunto Laguna produjo buenos resultados desde los primeros meses; sin embargo, un estudio del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna indica que la violencia se mantuvo en el primer año de la implementación.

Que se sepan los resultados

Si se pretende que la Guardia Nacional emule una experiencia previa ya probada, entonces la población tiene derecho a conocer sus características y resultados. Con la Guardia Nacional será indispensable la coordinación entre ésta y las fuerzas de seguridad municipales. Si este trabajo coordinado ya se ha desarrollado de forma exitosa, es necesario difundir la experiencia, destacó Salas.

Añadió que la mejor forma de ganar el respaldo de la ciudadanía a la Guardia Nacional es demostrar que se trata de una política pública basada en evidencia y que debe estar disponible para su consulta.

En ese sentido, el comisionado aseguró que los mexicanos tienen derecho a saber la manera en que se enfrenta el problema de inseguridad en el país y el proceso para cambiar de una estrategia a otra, pues la información pública también puede motivar que los ciudadanos interesados participen de manera informada proponiendo soluciones alternativas en materia de seguridad.