El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Copred (para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Ciudad de México), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y organizaciones civiles enviaron una propuesta a la Cámara de Diputados para fortalecer la educación inclusiva.

En el documento señalan que en el dictamen en la materia, aprobado el 27 de marzo pasado, se incorpora la inclusión como principio y criterio de la educación; sin embargo, omite establecer la obligación del Estado de eliminar cualquier barrera para el aprendizaje y la participación, como establecen la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Suprema Corte de Justicia.

Además, se eleva a rango constitucional el concepto de educación especial que, de conformidad con las convenciones y recomendaciones internacionales ya referidas, es incompatible con el derecho a la educación incluyente o inclusiva. También el documento señala que ésta corresponde al aula regular cuando el estándar internacional establece que la obligación inclusiva abarca todos los entornos educativos.

Los solicitantes de los cambios al dictamen señalaron que toda reforma constitucional en materia de derechos humanos debe representar un avance sobre cómo se entiende y propone su defensa y promoción.

Destacaron que “es indispensable pasar de una visión de la inclusión que ha privilegiado el diseño de políticas públicas para atender grupos marginados o con ‘necesidades educativas especiales’ a uno más amplio, que establezca la responsabilidad de todos los componentes del sistema educativo de adaptarse a la diversidad inherente a cada persona y no al revés”.

Agregaron que adoptar esa visión implica evitar la segregación de ciertos grupos o de la población como se ha hecho con la educación indígena, comunitaria y hasta con los migrantes en aras de construir un sistema para todas y todos.